Salomé Pradas elige al exmagistrado Eduardo de Urbano para llevar su defensa

La defensa legal de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas correrá a cargo del abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano. Este será el encargado de asumir el trámite judicial de la exdirigente del Consell, que ayer fue imputada por la jueza que investiga la gestión de la dana. La magistrada está centrada en clarificar los motivos por los que el mensaje de EsAlert se envió tarde y con un contenido inadecuado. Según el auto conocido ayer, además de Pradas la jueza ha llamado como investigado el exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso.

En el caso de la exconsellera, será el citado letrado el que se encargue de su defensa, tal como ha confirmado el despacho Kepler Kast a la agencia EFE. De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).

Pradas fue cesada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 22 de noviembre y su cargo fue ocupado por Juan Carlos Valderrama, que se hizo cargo de la renombrada Conselleria de Emergencias e Interior, mientras que la destitución de Emilio Argüeso se produjo el 3 de diciembre y fue sustituido por Irene Rodríguez.

En sus primeras reacciones ayer, después de ser declarada como investigada, Pradas se puso a disposición de la Justicia para colaborar "a que se conozca toda la verdad", después de que la jueza de Catarroja le haya citado junto a su número dos, Emilio Argüeso, a declarar como investigada.

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Indagar en el retraso

Por eso, según el auto difundido ayer, la jueza de la dana considera que «las circunstancias del retraso [de las alertas] deberán ser averiguadas» y cita a declarar a los dos máximos responsables de la emergencia el 29-O y de la entonces Conselleria de Justicia e Interior: la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, el exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso, tal como solicitaban la Asociación de Damnificados dana l’Horta Sud y el sindicato Fetap-CGT. La jueza considera que son los dos máximos responsables autonómicos porque la Generalitat es «quien ostenta no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección».

Aunque en el mismo auto rechaza la citación como investigados del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, además de otros cuatro directivos más del organismo de cuenca, que solicitaba la ultraderechista Asociación Hazte Oír. Pero también la citación como investigados del director, el subdirector y la jefa de servicio de Emergencias, solicitados por la Asociación de Damnificados.