La Diputación de Valencia aprueba los cambios de plantilla que motivaron la bronca con el secretario

La Diputación de Valencia tiene previsto celebrar este jueves un pleno extraordinario para aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo que afecta principalmente a la distribución de funcionarios que asisten a los grupos políticos (no asesores, sino empleados públicos). Cabe recordar que en el pleno de febrero estos cambios en plantilla se quedaron encima de la mesa, una retirada de la propuesta en medio de una gran escandalera, con riña pública del equipo de gobierno al secretario general, Vicente Boquera, el alto funcionario encargado de validar la legalidad o no de los actos administrativos de la casa. Su informe, que ponía muchas pegas a estos cambios, no era aparentemente concluyente (no explicitaba si la modificación era legal o ilegal), con lo que tras varias interpelaciones del grupo popular, un receso pedido por la oposición y una tensión inédita con el funcionario, el asunto quedó sobre la mesa.

Tres semanas después, la modificación vuelve al pleno. Y esta vez parece atada. Es el propio secretario general el que firma el documento de la modificación, que hace un nuevo reparto de funcionarios entre los grupos políticos. Cabe destacar que supondrá un ahorro total de 185.000 euros. Como ya contó este diario, la idea era redistribuir el personal al servicio de los grupos de una manera más equitativa. Hasta ahora, el PSPV disponía de cinco plazas; Compromís de tres, y el PP tres. Ens Uneix y Vox no disponían de este personal.

Esta figura, el empleado público que trabaja dentro de los grupos políticos, es una herencia del pasado. Se crearon hace dos décadas, como refugio de funcionarios señalados por haber estado en puestos directivos con gobiernos de izquierda pero que, con la llegada del PP, fueron apartados, y no podían volver a los puestos que tenían reservados. Una anomalía de otro tiempo que ya ha desaparecido, constata el secretario general.

Tras la modificación que se aprueba este jueves, el PSPV quedará con cuatro puestos de apoyo administrativo; el PP con otros cuatro; Compromís se mantendrá con tres, y Vox y Ens Uneix tendrán uno. El secretario general constata en el informe que los cambios uniformizan los puestos de trabajo, “lo que será bueno para la estructura administrativa”. Son puestos en su mayoría de secretario de dirección, los de mayor retribución sin responsabilidad de jefatura y categoría C1. El informe del secretario realiza alguna observación al respecto: cuando se revisen las tablas retributivas, sugiere, “se deberá reflexionar sobre la diferencia salarial” entre estos puestos y la jefatura de negociado: 1.650 euros al año, en favor de los secretarios.  

¿Qué ha cambiado en pocos días?

Los sindicatos, con todo, se han mostrado disconformes con la propuesta. El pasado lunes la RPT pasó por la mesa general de negociación y solo la apoyó CSIF. UGT, Intersindical y CCOO votaron en contra. ¿Qué ha cambiado en tres semanas para que el informe deje de generar dudas? En esta ocasión, el secretario no pone grandes pegas, sobre todo en dos aspectos: el cuestionamiento a que estos puestos se elijan por libre designación o que estén abiertos a personal de otras administraciones. En este sentido, se rebaja mucho el tono. En el anterior informe, se advertía del riesgo de “clientelismo político”, al utilizar ese sistema.

Uno de los sindicatos, Intersindical, ha emitido una nota precisamente señalando aspectos como que sea el propio secretario general uno de los firmantes de la propuesta de modificación. Además, recuerdan que la propuesta de cambios que va al pleno de este jueves "es un 90% idéntico a aquel al que le dedicó 23 páginas, una por una, directas a desmontar la modificación en febrero".

Un informe jurídico alerta del riesgo de “clientelismo político” en la diputación

Al margen del personal adscrito a los grupos, la modificación de la plantilla incluye la supresión del puesto de Director de Recursos Humanos, una 'superplaza' que se creó el año pasado por el equipo de Vicent Mompó con la idea de poner orden en una área estratégica de la casa. Se la había dotado de un salario de más de cien mil euros, al tratarse de un puesto muy delicado. De hecho, en 2024 hubo un cambio en esta jefatura: se sustituyó al responsable de personal heredado de los gobiernos del PSPV y entró como nuevo jefe de manera provisional un funcionario llegado de la Generalitat, Javier Bolinches. Este, sin embargo, tras varios encontronazos con la cúpula funcionarial de la casa (trató de plantear cambios como que los habilitados ficharan; o reordenar la concesión de complementos salariales) ha renunciado. Esta semana, de hecho, ha regresado a su plaza en la Generalitat.