Investigación judicial

¿Por qué la jueza no ha imputado a ningún responsable de la CHJ?

Considera que el organismo de cuenca envió suficiente información y que para atribuirles los homicidios se ha de determinar la «responsabilidad individual»

Efectivos de la UME inspeccionan el barranco del Poyo a su paso por Riba-roja, el 1 de noviembre.

Efectivos de la UME inspeccionan el barranco del Poyo a su paso por Riba-roja, el 1 de noviembre. / EFE/Manuel Bruque

València

¿Por qué no se ha imputado a nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)?, es la pregunta que ha quedado rebotando en la cabeza de algunas personas tras conocerse que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado como investigados a Salomé Pradas, la consellera responsable de las emergencias el 29-O y su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. 

La pregunta se dirige hacia la CHJ porque es el organismo estatal hacia el que la Generalitat ha dirigido sus dardos dialécticos para justificar que el 29-O no tomó decisiones que hubieran salvado vidas porque, argumentan, hubo un supuesto «apagón informativo». El Consell también lo intentó con la Aemet (Agencia estatal de meteorología), a la que sigue responsabilizando de que la previsión meteorológica sólo avisara de precipitaciones de más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas (un umbral que podía superarse, nunca fue un máximo), pero no de los 784 litros en 24 horas se recogieron en Turís. «El Gobierno Central falló en la prevención, la previsión e información», insistió ayer Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Consell, en la rueda de prensa posterior al pleno del ejecutivo autonómico. 

Peticiones de imputación

Sin embargo, la magistrada de Catarroja que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, considera en el auto en el que cita como investigados a Salomé Pradas y Emilio Argüeso que «el problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables» de la Emergencia que, como marca la legislación, es de competencia exclusivamente autonómica. Aunque algunas acusaciones particulares, o asociaciones que han intentado ser acusación popular como la ultraderechista Hazte Oir, han solicitado que la imputación se extendiera a los responsables de la CHJ. Sobre los de la Aemet nada dicen. 

Pero la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha rechazado imputar al presidente de la CHJ Miguel Polo, así como otros cuatro directivos más del organismo de cuenca. Yjustifica esta negativa en que «la atribución de homicidios imprudentes, no puede basarse exclusivamente ni en el hecho de que se forme parte de una estructura administrativa, es exigible que se determine la concreta responsabilidad individual». Ni tampoco en el hecho de que aparezcan en una querella. «Las diligencias llevadas a cabo exigen una valoración de los hechos alegados en la querella junto a las pruebas practicadas hasta el presente momento». 

El quid de la cuestión es si la CHJ dio o no información sobre la crecida del barranco del Poyo. Una información a la que se podía acceder de tres maneras, no sólo de una como argumenta la Generalitat. 

Y se hace a través del SAIH (Sistema automático de información hidrológica), un sistema de «observación, no de predicción» que registra la pluviometría (la cantidad de lluvia caída) y el caudal del barranco del Poyo. Los datos se pueden seguir en una web de acceso público. Pero el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana tiene instalada la aplicación Saihwin, «facilitada por la CHJ». Además de que se puede visualizar también a través del visor de la Red de Alerta Nacional. 

A parte de esta información contínua, la CHJ remite correos electrónicos cuando se superan umbrales. El 29 de octubre se enviaron 16 correos con avisos extraordinarios de intensidad de lluvia (que se deben sumar a las advertencias de la Aemet) entre las 16.13 y las 18.42 horas. Yotros dos correos sobre el caudal (a partir de un sensor en el cruce con la A-3, que no recoge el agua que aportan al Poyo los barrancos Gallego, Horteta, Santo Domingo y pelos que provocaron la primera crecida) enviados a las 16.13 horas (descenso del caudal) y a las 18.43 horas (ascenso de caudal)». Al respecto, la magistrada señala que «más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH». Hasta informaciones de caudal se ofrecieron entre las 18 y las 19.20 horas. «Cuestión distinta es que se desconociera por los responsables las localidades donde discurría el barranco del Poyo».

Declaración de los lesionadas y familiares de las víctimas y peticiones al 112

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha dado prioridad a la declaración de los familiares de los 228 fallecidos (225 víctimas mortales y tres desaparecidos) pero también de los lesionados físicos que puedan demostrar que precisaron asistencia médica tras las barrancadas y la riada del 29 de octubre (29-O). El goteo es incesante desde el resto de nueve partidos judiciales donde se abrieron diligencias por las víctimas. Como ayer publicó Levante-EMV, la magistrada Ruíz Tobarra recoge el nombre de las 228 víctimas de la dana del 29-O en el auto en el que imputa a la exconsellera y al exsecretario autonómico de emergencias estos dos centenares de homicidios imprudentes. 

La causa judicial incluye ya a más de 170 fallecidos: 76 víctimas mortales del partido judicial de Catarroja, 80 en el de Torrent, 4 de Alzira, 7 de Quart de Poblet, 3 de València y uno de los desaparecidos cuyo expediente judicial se tramita en Picassent. Por cada víctima se abre una pieza separada, con la información exclusiva de cada fallecido. La magistrada continúa tomando declaración a los familiares supervivientes y recabando información sobre sus últimos momentos de vida. Además de citar a familiares de los fallecidos y desaparecidos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València para evaluar en un informe forense los «daños morales y secuelas de orden psíquico» tras perder a sus seres queridos. En ocasiones, hasta tres en un mismo núcleo familiar. 

También van personándose poco a poco las personas lesionadas durante la dana. Uno de los últimos, un hombre que sufrió una sepsis debido a las heridas sufridas en la barrancada al que le han tenido que amputar una pierna. 

Por último, las familias que dan su autorización y número de teléfono, la magistrada está reclamando al número de teléfono de Emergencias 112 CV para que faciliten «la copia íntegra de la grabación de las llamadas efectuadas» por los afectados durante la jornada del 29 de octubre. n

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