Tribunales

Zaplana alega la inviolabilidad del domicilio del abogado del yonqui del dinero para que anulen su condena

El expresidente de la Generalitat pide al Supremo que revoque su condena a diez años y cinco meses de cárcel impuesta en octubre por la sección cuarta de la Audiencia de València

Eduardo Zaplana y su abogado, Daniel Campos Navas, en una de sus visitas a la Ciudad de la Justicia.

Eduardo Zaplana y su abogado, Daniel Campos Navas, en una de sus visitas a la Ciudad de la Justicia. / Miguel Angel Montesinos

València

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, vuelve a recurrir a la teoría del árbol envenado para intentar anular la condena a diez años y cinco meses de cárcel que le impuso la sección cuarta de la Audiencia de València el pasado 15 de octubre. La teoría del árbol envenenado es la que persigue anula la prueba principal que genera una investigación. Si se tumba el inicio de una instrucción, el resto de la causa cae con ella.

Es lo que persigue la defensa de Zaplana desde que se conoció el sumario del caso Erial, el 7 de febrero de 2019, el mismo día que fue puesto en libertad, tras pasar nueve meses en prisión provisional. Zaplana salió libre, no por motivos de salud, como ha quedado grabado en el imaginario colectivo, sino cuando los investigadores del caso Erial pudieron recuperar 6.734.026,1 euros, procedentes de supuestas mordidas. Sólo cuando el Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción confirmaron el ingreso de este dinero en la cuenta bancaria del juzgado decretaron la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat y sus testaferros, el 7 de marzo de 2019.  

La prueba principal que la defensa de Eduardo Zaplana intenta que anule el Tribunal Supremo es el registro del caso Taula en el despacho del abogado del yonqui del dinero, Marcos Benavent, que permitió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizar la "hoja de ruta" de las mordidas por el amaño de las adjudicaciones del servicio de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Sólo los primeros los consideró probados la sección cuarta de la Audiencia de València.

"Los papeles, histriónicamente calificados como 'hoja de ruta', han sido utilizados como la principal apoyatura del endeble andamiaje fáctico y jurídico sobre el que se construyó la imputación de Don Eduardo Zaplana. No sólo dichos papeles sirvieron como argumento para incoar la presente causa de forma absolutamente prospectiva, sino que fueron utilizados para justificar la adopción de medidas de investigación restrictivas de derechos, sin ir más lejos la prisión provisional de mi cliente", asegura su abogado, Daniel Campos Navas, en el recurso presentado ante el Supremo, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Para la defensa de Zaplana, "la aprehensión de los documentos que se han dado en llamar “la hoja de ruta” determinó la incoación de este procedimiento y la investigación a mi representado; y siendo una prueba nula de pleno derecho (...)  el resto del acervo probatorio obtenido en la causa devendría igualmente nulo; debiendo ser casada y anulada la sentencia dictada en el marco de la misma".

Curiosamente, el principal motivo que alega Zaplana para justificar esta nulidad es la vulneración del "derecho fundamental a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria, con motivo de la entrada y registro del despacho de abogados" del yonqui del dinero, Marcos Benavent. Precisamente este letrado, Ramiro Blasco, declaró en el juicio del caso Erial para avalar el registro en su despacho y reveló que a Benavent sólo le interesaba invalidar el hallazgo de la UCO que permitió iniciar el caso Erial desde que prescindió de sus servicios.

Otro de los motivos por los que también considera que se debería anular su condena es por "la falta de transparencia, casi clandestinidad, en cuanto al contenido de las declaraciones pactadas entre ciertos acusados y el Ministerio Fiscal. (...) La existencia de esos pactos se nos estuvo ocultando hasta el trámite de conclusiones definitivas", señala el letrado de Zaplana. Se trata de las conformidades alcanzadas por los testaferros confesos y antiguos colaboradores del expresidente de la Generalitat, Joaquín Barceló "Pachano" y Juan Francisco García Gómez, además de los dos Cotino, sobrinos de Juan Cotino, que admitieron haber cobrado y pagado, respectivamente, mordidas por las adjudicaciones de las ITV. Y, en el caso de Pachano, haber gestionado el dinero en el extranjero de Zaplana.

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