Más de 14.000 migrantes víctimas de la dana pueden quedar sin regularizar por no tener acceso al padrón

De nuevo, el padrón como puerta de entrada y barrera para los más vulnerables. El Gobierno decidió regularizar la situación administrativa de los migrantes sin papeles víctimas de la dana. Para hacerlo condicionó la obtención del permio de residencia o de trabajo a figurar en el padrón municipal o haber solciitado cita para hacerlo antes del 4 de noviembre. En esta situación hay unos 25.000 migrantes que conseguirán "los papeles" tras una tragedia como no se recuerda en décadas. Sin embargo, la misma desgracia la han vivido otros 14.000 migrantes, también en situación administrativa irregular, que no figuran en el padrón por vivir en una habitación alquilada, porque el casero no les ha permitido el empadronamiento, porque están en situación de calle o porque viven en bajos sin cédula de habilabilidad o en infravivienda.

Estas personas que se quedan fuera del proceso de regularización extraordinario y son víctimas de la dana podrían regularizar su situación si los ayuntamientos les emiten un Certificado de Reconocimiento de Residencia Efectiva. Así lo aseguran desde las 30 entidades sociales que se han unido para enviarle un escrito a la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual, en el que solicitan que inste a los ayuntamientos a emitir estos certificados para "las personas extranjeras que viven en estas poblaciones y que han contribuido a su desarrollo pero que no han podido acceder a su derecho a empadronarse por razones ajenas a su voluntad".

Una condición excluyente

"El documento que hemos enviado recoge las dificultades que tienen las personas en situación de mayor vulnerabilidad para acceder al empadronamiento ya que malviven en habitaciones alquiladas, en bajos sin cédulas de habitabilidad, en infraviviendas o incluso en situación de calle o carecen de un contrato de arrendamiento o de permiso de los propietarios para empadronarse. Condicionar esta ayuda al padrón supondría la exclusión de al menos 14.000 vecinos y vecinas residentes en esas poblaciones que no han podido obtener el ese certificado antes del 4 de noviembre. Pero sí viven o trabajan allí y es injusto que se queden fuera", explica desde València Acoge, una de las 30 asociaciones implicadas en el escrito.