"La falta de alertas fue la sentencia de muerte"

Un informe pericial solicitado por SOS Desaparecidos concluye que la «falta de alertas» el pasado 29 de octubre, cuando la dana asoló gran parte de la provincia de Valencia, «fue la sentencia de muerte» porque «un aviso habría salvado vidas». Es una de las conclusiones del informe pericial, que analiza la gestión de una catástrofe que dejó 233 víctimas mortales (225 en la Comunitat Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) y tres desaparecidos. La entidad se personará este lunes en la causa abierta por la jueza de Catarroja.

Al analizar la actuación de la Generalitat se indica que el president, Carlos Mazón, «debía declarar la emergencia catastrófica, emitir alertas vía 112 y liderar a los municipios» y hubo en cambio «omisiones graves» en el fallo al declarar la emergencia, no asumir el mando único, el silencio en las alertas o el abandono municipal. «La no declaración de emergencia impidió evacuaciones y movilización de recursos. La falta de alertas fue la sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas. El abandono municipal amplificó la tragedia», apuntan.

Actuación de los ayuntamientos

Cuestiona también la actuación de los ayuntamientos por la ausencia de estrategias de evacuación y refugios» o la inacción. «La ausencia de planes convirtió barrios en trampas mortales. La inacción local fue el golpe final», indican. Concluyen que «la Generalitat falló en liderar, alertar y coordinar, causando pérdidas humanas evitables», «los ayuntamientos traicionaron su deber, multiplicando víctimas» y consideran un «nexo causal irrefutable» que estas omisiones «mataron y dejaron desaparecidos».

De la cronología de lo ocurrido, detallada en el informe, los peritos identifican una «ventana de oportunidad de al menos cuatro días (25-28 de octubre) en la que la Generalitat, diputación y los ayuntamientos pudieron actuar para salvar vidas». Apuntan a que la Generalitat debió conformar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y emitido las alertas correspondientes «desde que en fechas anteriores ya se advierte de que el 29 de octubre se iban a producir precipitaciones con aviso rojo por parte de la Aemet».

Incapacidad de reacción

Y que en aquella jornada, pese que había inundaciones en Requena y Utiel desde las 8.00, la alerta, «con consejos poco específicos» se produjo «cuando ya se habían producido las desapariciones y la mayoría de los fallecimientos», a las 20.11. El texto detecta incapacidad de reacción, desidia administrativa o negligencia y apunta un «modus operandi negligente» en la no disposición de mecanismos apropiados de seguimiento y avisos eficaces o en no utilizar adecuadamente los planes de emergencia.

«De haber actuado con la probidad propia de los mecanismos de Protección Civil ‘ex ante’ y durante el fenómeno se habrían salvado la mayor parte las vidas».

Señala responsabilidades locales, provinciales, autonómicas y estatales

Los peritos ven responsabilidades en los ayuntamientos y en la Generalitat, pero también en diputaciones provinciales como la de Valencia, encargada de coordinar la protección civil de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y que, según este informe, llegó a tener "destacados efectivos de la diputación en el control de caudales en el río Poyo y por la tarde les ordenaron que se retiraran".

También apuntan a responsabilidad estatal porque consideran que debió activarse el nivel 3 de emergencia nacional "pasadas las primeras 24/36 horas de una manifiesta y bochornosa incompetencia municipal y autonómica".

El informe pericial propone además solicitar pruebas como las grabaciones del Cecopi, los registros de órdenes y decisiones adoptadas, actas y planes de emergencia.

Como testigos proponen interrogar al president de la Generalitat, los responsables de la Diputación de Valencia, los de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), alcaldes de municipios afectados, concejales con competencia en emergencias, técnicos y todos los participantes en el Cecopi.