SOS Desaparecidos se personará este lunes como acusación particular en la instrucción de la dana de Catarroja

La asociación SOS Desaparecidos se presentará el próximo lunes como acusación particular en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja en nombre de 70 víctimas mortales de la dana, representados por más 170 familiares, un tercio del total. También presentará una querella en el juzgado de Hellín (Albacete) por los fallecidos en Letur, según han anunciado hoy en una rueda de prensa ofrecida en Madrid, en presencia de algunos familiares de víctimas mortales.

"El 29 de octubre tiene que marcar un antes y un después. No puede suceder lo que ocurrió", ha recalcado en Madrid el presidente de la asociación, Joaquín Amills. En este sentido, ha asegurado a las familias que van a defender la verdad y la justicia que se merecen los fallecidos y sus familiares.

En ambos casos, SOS Desaparecidos dirigirá su acusación contra todas aquellas personas físicas que, en el ejercicio de su cargo público, hayan podido incurrir en las responsabilidades que han derivado en "los homicidios imprudentes", un total de 225 fallecidos y tres personas desaparecidas, de la dana del 29 de octubre y las barrancadas y riadas posteriores.

En Catarroja, pedirán la declaración en calidad de testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. A medida que se desarrolle la causa y se conozca más información, podrían pedir la declaración de otros responsables públicos actuales y antiguos, han explicado. De esta manera descartan presentar una querella en la Audiencia Nacional, como habían anunciado inicialmente.

En enero informaron que la querella se plantea por el presunto delito de «homicidio imprudente, porque las muertes eran evitables si se hubieran aplicado los planes de prevención y emergencias. Hubo falta de organización, descontrol y desorganización. Vamos a demostrar que hubo una negligencia». SOS Desaparecidos explicó que dirigirá la querella contra los responsables de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha y el Gobierno central.