Los datos desmienten los bulos sobre menores migrantes en la Comunitat Valenciana

La palabra 'Mena' nació como un acrónimo de uso administrativo para referirse a los "menores extranjeros no acompañados", pero ha acabado convirtiéndose en un estigma. Formaciones de ultraderecha les han acusado de cometer la mayoría de delitos sexuales, de violadores y de amigos de lo ajeno, entre muchos otros delitos.

En los últimos años estos adolescentes se han convertido en una pieza clave de la estrategia ultra, Vox rompió sus pactos en las autonomías en las que gobernaba, incluída la valenciana, por este tema. Ahora, la no acogida de migrantes derivados del Gobierno ha sido la llave para que el president Carlos Mazón haya anunciado este lunes que hay un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2025, que se presentarán este jueves. Eso sí, asumiendo por el camino el discurso de Vox. 

¿Y qué dicen los datos? Según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial el número de menores extranjeros condenados no ha parado de bajar en una década. En 2012 fueron 563 (un 20 % del total) en 2022 fueron 315 (un 17 % del total). La población extranjera representa un 16 % del total de la Comunitat Valenciana. En 2023 -último año con datos disponibles- hubo 415 menores extranjeros condenados, la mayoría de América Latina, frente a los 1.600 menores españoles condenados por algún delito.

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En delitos sexuales sucede lo mismo. En 2017 (primer año con registros) los extranjeros perpetraban un 27 por ciento de delitos sexuales cometidos por menores, y en 2022 fueron un 20 %. No solo baja el número de delitos con los años, sino también el peso de la población migrante en ellos.

La Generalitat Valenciana tiene acogidos en centros a 481 menores migrantes no acompañados, pese a un sistema de acogida que (solo en centros de menores) tiene 317 plazas. Son los últimos datos disponibles aportados por el Consell, hace unos 6 meses. Así, habría 170 menores más que plazas permanentes en el sistema, lo que implicado un esfuerzo presupuestario adicional por parte de Igualdad para ampliar la red de acogida. En sus últimas declaraciones sobre el tema, la consellera Susana Camarero remarcó que la obligación de la Generalitat es dar cobijo a estos menores, y que no iban a quedar desamparados. Ahora, medio año después, el president Mazón ha anunciado que no aceptarán más menores no acompañados y que trabajarán para "devolverlos con sus familias"

1.016 niños

Es importante especificar que la Comunitat Valenciana acoge, ahora mismo, a unos 1.000 menores extranjeros no acompañados en sus centros. Sin embargo, en total hay 221.609 jóvenes extranjeros de 14 a 17 años en territorio valenciano, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de ellos, de países de la Unión Europea. Los datos de delitos se refieren a todos los menores extranjeros: De 221.609 jóvenes de 14 a 17 años fueron condenadas solo 315 personas el pasado año. 

En los últimos años la Comunitat Valenciana ha registrado un gran aumento de llegadas de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referente familiar que han supuesto un reto para el sistema de acogida. Sin embargo, no se puede afirmar que haya una correlación entre 'Menas' y criminalidad. De hecho, como se ha visto, la criminalidad entre menores (tanto españoles como extranjeros) ha bajado en los últimos años.

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El bulo de las ayudas sociales

Otro bulo extendido por el universo ultra en los últimos años es que los Mena cobran una 'paga' de 1.125 euros mensuales. Es falso por varias razones. Parta empezar, la Seguridad Social en España se rige por el principio de universalidad, es decir, que españoles y extranjeros residentes tienen derecho a las mismas prestaciones siempre que cumplan los requisitos (de haber cotizado si son contributivas, o de renta si no). No hay ninguna ayuda específica para inmigrantes.

En el caso de este bulo se refiere a la ayuda máxima que pueden llegar a recibir las familias que acojan a un niño del sistema de protección de menores, no a un dinero que percibe el menor. Además, hay muchos matices. El primero es que el 91 % de menores acogidos en familias son españoles. El segundo es que se trata de la cuantía máxima que muy pocas veces se da ya que sería en un supuesto extremo (como ser madre soltera, de muy bajos ingresos y decidir acoger a un niño con discapacidad o necesidades especiales), nada de menores extranjeros. La cuantía básica que se da a las familias y que es lo que reciben normalmente es de 14 euros al día, lo que supone 420 euros mensuales.

La realidad es que no hay ninguna ayuda específica para menores extranjeros, pero sí que pueden acceder, por ejemplo, a becas para estudiantes si cumplen los requisitos de nota, en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano.

Aunque la Genralitat Valenciana ofrece una red de "pisos de emancipación" para jóvenes (españoles y extranjeros) que salen a los 18 del centro de menores, la realidad es que son recuersos escasísimos que no dan para atender toda la demanda, y es muy complicado acceder a una de estas plazas.

Presión en el sistema

El Consell reivindica que ya existe mucha presión en sus sistema de acogida y piden al Gobierno un reparto más equitativo entre las comunidades autónomas que tienen más espacio en sus centros para la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados. Acoger un adulto no es nada comparable a hacer lo propio con un menor de edad. En el caso de los adultos se suele facilitar un alojamiento durante 6 meses, pero los menores pasan, obligatoriamente, a ser tutelados por la administración pública. En ese tiempo en el que residen en un centro deben tener garantizado su derecho a la educación y la administración tiene que dar papeles para que tenga documentación al salir del centro a los 18, algo que no sucede en muchos casos. En cualquier caso, la inversión es muchísimo mayor y la actuación más complicada en el caso de ser menor de edad.

Muchos migrantes son conscientes de esto y deciden hacerse pasar por mayores de edad, o bien para poder trabajar lo más pronto posible, o bien porque no desean quedarse en España, sino continuar su migración hasta Francia u otros países.

El destino en una radiografía

A su llegada a las costas, las entidades que se encargan de recibir a los migrantes como Cruz Roja, junto con la Guardia Civil, revisan la documentación que llevan encima los recién llegados para identificarlos. Si hay sospechas de que sean menores se da paso a la Fiscalía para que les haga la conocida como "prueba de la muñeca" para determinar su edad.

El método conocido como Greulich y Pyle es una prueba basada en un libro publicado en los años 50, elaborado a partir de 990 chicos de Ohio, Estados Unidos. Esta es, actualmente, la prueba de determinación de la edad más utilizada para menores migrantes, aunque en algunos casos se combina con otras: la de mandíbula, la de clavícula.

Varias asociaciones de abogados extranjeristas y de defensa de los derechos de los migrantes llevan años criticando la poca fiabilidad de esta prueba en la población africana, que tiene un margen de error de año y medio en función del desarrollo físico del adolescente. Esto ha provocado casos de menores de edad internados durante semanas en el CIE de Valencia, que han acabado saliendo por decisión judicial.

También se han visto casos contrarios a los que indica esta noticia, en los que jóvenes con papeles de su país que indican que son menores de edad han sido internados en un centro al determinar esta prueba que eran mayores de 18. Se han dado casos en los que un pasaporte y un documento de identidad de otro país no se han dado como pruebas válidas para la determinación de la edad.

Huir de la muerte

Es muy común que lleguen menores migrantes con papeles falsificados de adulto a por vía irregular. Hay que tener en cuenta que el objetivo de estas personas es trabajar nada más llegar a España, para poder mejorar su vida y mandar remesas a sus familias en muchos casos, así que buscan entrar en el país como adultos, mintiendo sobre su edad.

Cuando llega una persona adulta lo más común es que sea deportado de vuelta si ha entrado de manera irregular. Para ello se suelen emplear los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lugares similares a cárceles donde se encierra a estas personas un máximo de 40 días para deportarlas. En el caso del CIE de València, suelen ser marroquíes o argelinos que llegan a las costas y son devueltos en ferry.