El Poder Judicial aprueba el refuerzo al juzgado de Catarroja que investiga la dana

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Catarroja, encargado de la investigación de la dana, a través de un acuerdo de su Comisión Permanente. De este modo, el organismo contará con una magistrada adicional, quien asumirá el funcionamiento ordinario para que la titular pueda encargarse de la tramitación de las diligencias previas de la causa de la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, con la que ya se ha imputado a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso. Estos han sido citados a declarar el próximo 11 de abril.

La exconsellera Pradas y Argüeso declaran como investigados el 11 de abril

Este refuerzo fue anunciado por la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, el pasado fin de semana; un anuncio que no gustó al poder judicial, ya que el CGPJ le recordó que la aprobación de este refuerzo es de su "competencia exclusiva".

El Gobierno activa el refuerzo del juzgado que investiga la dana

Según explica el organismo judicial en un comunicado, el refuerzo para el juzgado de Catarroja fue solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el pasado 26 de febrero. Según el informe del Servicio de Inspección, se indica que el Juzgado ha registrado una carga de trabajo del 177 % en 2022, del 129 % en 2023 y del 143 % en 2024.

Hasta el 30 de junio

El refuerzo está previsto hasta el 30 de junio. Será la titular destinada en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ontinyent quien asuma el funcionamiento ordinario del juzgado de Catarroja mientras dure la causa de la dana. Esto no significa que sea una fecha cerrada, ya que el CGPJ señala que si el TSJCV considera "precisa" la renovación de la medida deberá remitírselo de nuevo, con un plazo de cuarenta días de antelación respecto a la fecha de vencimiento.

El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Consejo General del Poder Judicial la competencia sobre los refuerzos en la titularidad de los órganos judiciales y señala que este órgano “podrá acordar excepcionales medidas de apoyo judicial consistentes en la adscripción de jueces y magistrados titulares de otros órganos judiciales mediante el otorgamiento de comisiones de servicio”. En su apartado quinto, el mismo precepto añade que “la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria”. 

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