La Fiscalía de Valencia investiga al líder de Desokupa por un delito de odio
Acción Contra el Odio (ACO) denunció a Daniel Esteve por el envío masivo de mensajes por la red social X en los que asociaba la inmigración con la delincuencia

Daniel Esteve, en una foto de archivo / EPE
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación preprocesal a raíz de la denuncia presentada por Acción Contra el Odio (ACO) contra el dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve, por mensajes difundidos en la red social X en los que lanzaba amenazas públicas contra personas migrantes y asociaba la inmigración con la delincuencia, basándose, según los denunciantes, "en bulos e incluso fabricando él mismo informaciones falsas".
La sección especializada en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Valencia entiende que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. En concreto, Esteve podría haber incurrido en un delito de incitación al odio recogido en el art.510 del Código Penal, que establece penas de prisión de entre uno y cuatro años.
Mensajes masivo en redes que alientan el odio y la hostilidad
Desde ACO valoran muy positivamente la apertura de esta investigación y consideran que desde la Fiscalía se pone de relevancia "que los mensajes que se difunden masivamente en redes sociales asociando la migración con la delincuencia tienen como único objetivo incitar a la hostilidad y la violencia hacia las personas migrantes y los colectivos más vulnerables". En este sentido, la directora de Acción Contra el Odio, la abogada Pastora Filigrana, ha valorado esta decisión de la Fiscalía apuntando que «es necesario acabar con la impunidad con la que proliferan estos discursos de odio, que en ningún caso pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión». Filigrana espera además que este sea el primer paso hacia «una jurisprudencia eficaz para combatir los delitos de incitación al odio», y ha destacado la «necesaria» labor de jueces y Tribunales a la hora de «frenar el avance de los discursos que niegan la universalidad de los derechos humanos.»
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