El Consell exhibe los recortes al sector público que exige Vox mientras eleva su presupuesto en 500 millones

El presupuesto de la Generalitat para 2025 asigna a los entes que conforman el sector público instrumental (SPI) de la administración autonómica un total de 4.349,1 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 500 millones respecto al año anterior (13,31 %), cuando recibieron 3.836,7 millones. Entonces fueron puestos en el disparadero por el Consell de Carlos Mazón (todavía en coalición con Vox), que activó auditorías ante el "descontrol" en estos "chiriguitos" (como les llamaba entonces) durante la etapa del Botànic.

Pese al notable aumento, durante la presentación de las cuentas, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, puso el foco en la «reducción» de las transferencias que acomete el gobierno valenciano a estos organismos, lo que sólo representa una parte de su financiación. La cifró en unos 150 millones menos respecto al año previo.

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Cabe recordar que Vox, a quien el Consell necesita para aprobar los presupuestos, exige entre sus 24 condiciones un «recorte significativo» del presupuesto de 2025 destinado al sector público. De hecho, casi en paralelo a la intervención de Merino, José María Llanos, síndic voxista en las Corts, presumía de haber logrado ese retroceso en el presupuesto del sector público, que estimó en unos 200 millones. Vox no se ha pronunciado hasta el momento sobre el aumento global de su financiación que plantean las cuentas del PP.

"Eficiencia y eficacia"

Merino incidió en que esas transferencias han bajado en los dos últimos años en 544 millones, desde los 1.650 millones que se transferían con la izquierda a los 1.106 a los que caen este 2025 y sobrevoló el incremento global. «Es una optimización de recursos, dotar a los entes de los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo sus funciones con eficiencia y eficacia. (Las transferencias) se reducen y pasan a ser de 1.106 millones. Por lo tanto, se han reducido en 544 millones si acumulamos los dos descensos. No es ni más ni menos que llevar a cabo lo que es una prioridad de este gobierno», profundizó la consellera.

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Con todo, el cuadro de financiación del SPI, que incluye la parte dana sin desagregarla, no recoge esa cifra aportada por Merino. Según esta tabla, estos entes recibirán transferencias por 2.420 millones, una cifra muy por encima. La Conselleria de Hacienda aclara que aquí se reflejan, además de las citadas transferencias, los fondos propios de las entidades. 

Quién sube y quién baja

Sea como sea, el Consell ha aparcado este año los recortes al sector público. Buena culpa del aumento registrado para 2025 se puede achacar a la dana. Y es que dos de las dos mayores subidas se dan en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) —muy dañados por la riada— y en la agencia autonómica de Emergencias (Avsre), que reciben 354 y 355 millones respectivamente. 

Especialmente llamativo es el incremento de la Avsre, de un 214 %. En su primer año, Mazón entregó estas competencias a Vox y le redujo ligeramente las asignaciones. Ahora, tras el desastre, le asigna 242,7 millones más. Otros organismos que crecen considerablemente en presupuesto son el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la Entidad de Vivienda y Suelo (Evha) o el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

La financiación al sector público sube en términos generales, pero la alegría va por barrios. Entre los entes que sufren recortes está el Ivam (-18,4 %); el Centro de Estudios Ambientales (-14,1 %), la Agencia de Protección del Territorio (-7,3 %), el Consell de l’Horta (-14,2 %) o el Instituto de la Memoria, que pierde el 100 % y se queda a cero tras la entrada en vigor de la ley de Concordia, que dispone su eliminación.