Los pisos tutelados de menores tienen un solo educador social por las noches

A Loles Miquel no la mataron, como sí sucedió con Belén Cortés, la educadora social de Badajoz asesinada por tres menores a los que tutelaba en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito educativo. Loles fue agredida en un piso tutelado de la provincia de Alicante, lo que agravó las lesiones que sufría a causa de una enfermedad en la espalda y sufre discapacidad a colación de aquello. Sucedió en 2020 y los golpes que recibió fueron determinantes para que necesite ahora un andador. A diferencia del suceso mortal, con adolescentes que habían cometido algún delito, la vivienda donde sufrió la agresión pertenece al régimen de protección, es decir, acogen a niños y adolescentes en desamparo mientras se define la medida definitiva, como la reubicación con su familia biológica, la adopción o un acogimiento familiar permanente.

Aquellas lesiones le impiden ya trabajar en este tipo de centros. «No es una cosa aislada, el tema de las agresiones es bastante común. Somos muy pocos (trabajadores) por turno. Por las noches hay uno. Y no podemos cerrar la puerta. Si un niño se va, no podemos ir detrás de él, porque los otros se quedan desprotegidos, solo podemos denunciar a la Policía», explica. Y abrirle la puerta cuando vuelve, en las condiciones que sea. El que un educador social, que es el que interviene directamente con los menores, se quede solo a cargo de varios es el caballo de batalla del colectivo, por su seguridad, y porque no pueden dejar solos a los demás si sucede una urgencia médica o alguno se escapa.

La realidad es que el decreto de tipologías que aprobó el gobierno del Botànic, que sustituía a la orden de 2003, marcaba dos trabajadores por turno pero en general se incumple, según distintas fuentes del sector de la educación social. Sí hay auxiliares de control educativo las 24 horas en pisos y centros de medidas judiciales, en reforma o medidas conductuales, a diferencia del piso de Badajoz, donde la educadora estaba sola con los menores.

«Aguanté tres turnos seguidos recibiendo guantazos. A pesar de que era persona vulnerable, no se hizo absolutamente nada cuando en teoría tenía que hacer saltar las alarmas y hacer un protocolo para proteger a la plantilla. Y no fui la única, recibimos todos», apunta la afectada, ahora centrada en la docencia y la formación. Incluso hubo compañeras a las que tiró escaleras abajo, algo que no le sucedió a ella «porque lo vi venir». El piso donde estaba tiene seis plazas y los residentes pueden ir desde los 6 a los 18 años. Está gestionado por una fundación sin ánimo de lucro, como la gran mayoría de estos recursos. Quien les agredió fue un niño de apenas 9 años. Pese a que se hacen informes de perfiles de menores, el problema es que «la Generalitat no los tiene en cuenta, y envían a los niños y adolescentes en función de las plazas vacías, no de sus perfiles». Hay pocas plazas en el sistema por lo que a menudo reciben menores que no se adecúan a un hogar de protección para infancia o adolescencia en desamparo sino que precisan otros recursos más especializados. En este caso, el niño sufría un trastorno. «Hay temporadas que se puede trabajar muy bien y otras se hace muy complejo, son personitas que llevan una mochila a sus espaldas muy pesada». La educadora volvió al centro «porque el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) tuvo el detalle de darme el alta llevando un bastón y este se convirtió en el arma favorita del niño cuando le daba una crisis». Pese a todo no le culpa y trabajó luego mucho el vínculo con él, «y cuando le iba a dar una crisis me decía que me fuera». Los educadores también acaban asumiendo que les insulten.

Situaciones complicadas

«Nuestro trabajo es maravilloso. Soy una enamorada de él, estuve en la junta del Colegio de Educadores y soy una apasionada de la educación social pero reconozco que se dan situaciones que no son buenas. Una de ellas es el intrusismo, se valora muy poco el trabajo en el campo social, se piensa que cualquiera puede hacer nuestra labor y no es cierto, requiere mucha formación», prosigue Loles Miguel. Afirma que hay muchas cosas que reformar en el sistema como acabar con las plantillas que dejan a un educador solo por la noche; que haya un sistema de vigilancia en los centros de protección porque no suelen tener ni alarma; y más colaboración con el sistema de salud pues cuando el niño tenía una crisis y llamaba para que fuesen a pincharle, no enviaban a nadie, «y él también lo pasaba mal. Tampoco se mira por el interés del menor si tienes a un niño sufriendo esas crisis días y días».

Sobre el papel, en régimen de protección hay infancia y adolescencia en situación de desamparo; primera infancia con necesidades especiales; adolescentes con problemas de conducta; menores extranjeros no acompañados; madres adolescentes y embarazadas; y jóvenes en proceso de emancipación. En reforma son chicos con historial de violencia, y menores muy dañados porque han vivido en contextos violentos, con consumo de sustancias o trastornos de conducta que no han sido diagnosticados ni tratados, o han pasado por varios centros sin la intervención adecuada.

Abiertos 365 días al año

«Estos hogares están abiertos los 365 días al año, lo que supone 8.760 horas de servicio porque tiene que haber profesionales todo el día», explica Pau Mayor, trabajador del sector y delegado de Comisiones Obreras en Alicante, quien insiste también en la reclamación de que no se quede ningún trabajador solo en un turno. Aunque el decreto de tipologías marca dos personas, «no se puede cumplir en los hogares de seis ni de ocho plazas porque lo impide la ratio de profesionales. La plantilla de una vivienda de seis plazas la componen cinco educadores y medio, dos técnicos de integración y medio, uno y medio de apoyo doméstico, que es para limpieza; medio el director, medio el trabajador social y medio el psicólogo. Con eso no cubres el servicio todo el año (con descansos, bajas...), máxime porque hay un problema de derivación de chavales a pisos de protección». Se refiere a que la administración les envía «chicos con trastornos diagnosticados que necesitan una atención especial, o con una diversidad funcional, otros que han superado una medida judicial y no pueden volver con sus familias, chicos de 17 años que hay que trabajar con ellos una emancipación... Son tres o cuatro grupos educativos distintos y si entra un chaval con otras problemáticas es una bomba de relojería. La primera semana ven los fallos y piensan: esto es jauja».

Pese a que entienden que el convenio de la Comunitat Valenciana es «de los más avanzados de España porque establece ratios y blinda figuras técnicas en los pisos como el trabajador social y el psicólogo», se queda corto. «Nadie piensa en el cuidador ni en los riesgos que corre. El número de bajas aumentará, los riesgos psicosociales están ahí. El turno de noche es residual porque no hay personal pero es cuando el trabajador está más indefenso, tiene miedo. Al final, la ley de Servicios Sociales prioriza al menor. Te puedes encontrar con una amonestación, un despido o una denuncia, como ha pasado. Estamos desvalidos».