Adiós a la reserva del 85 % de plazas públicas en residencias concertadas

Hasta ahora, las residencias y centros privados tenían la obligación de reservar el 85 % de sus plazas al sistema público. Ya no será así. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda contempla la reserva de un porcentaje, pero no fija un número exacto, tal como consta en la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera; y de organización de la Generalitat de 2025 (la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos).

Y es que el artículo 76 del proyecto de ley modifica el apartado 4 del artículo 87 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, y asegura que así, se pasa de establecer que en las convocatorias de acción concertada, las entidades "deban poner a disposición de la Generalitat Valenciana como mínimo el 85 % de las plazas autorizadas del centro para incluirlas en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales mediante la concertación de estas plazas", a la redacción actual, que marca que a partir de ahora "las entidades deberán poner a disposición de la Generalitat Valenciana, como mínimo, el porcentaje de las plazas autorizadas del centro que se determine para cada una de las convocatorias de la acción concertada que se publiquen en el DOGV".

Críticas desde la UGT

Con esta modificación las residencias y centros privados que quieran concertar con la Generalitat ya no están obligadas a reservar el 85 % de sus plazas como plazas públicas. "Esto en la práctica implica la reducción de plazas públicas residenciales si en las convocatorias de concierto se redujera el porcentaje de reserva de las mismas", explican desde el sindicato UGT.

Por otro lado, según UGT Serveis Públics, este retoque normativo implica que las residencias privadas concertadas puedan reducir el número de habitaciones individuales y sustituirlas por habitaciones dobles, reducir las ratios de plantilla de atención directa y sortear la organización de la atención en grupos convivenciales reducidos.

"Cabe recordar, que las plazas privadas no tienen obligación legal de cumplir con los estándares de calidad fijados en la normativa autonómica para las plazas públicas, ni tampoco los estándares mínimos establecidos a nivel estatal mediante el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia", explican desde el sindicato.

La Conselleria busca incentivar a la empresa privada

La falta de plazas residenciales es una realidad que reconoce la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero."Necesitamos 24.000 plazas residenciales que, por culpa de la ineficacia del Gobierno del Botànic, hoy no están a disposición de los valencianos". Así, el diseño que realiza la conselleria para conseguir estas plazas es no fijar un mínimo, en aras de incentivar a la empresa privada.

"Cada concierto está abierto a establecer un porcentaje específico de plazas públicas. Esto permite que todos los centros puedan tener plazas públicas sin obligarles a que haya una reserva de la mayoría de sus plazas. De esta forma, todos los centros pueden ampliar al servicio público y se amplía así la territorialización de las plazas públicas dando la posibilidad de que en todos los municipios haya residencias con plazas públicas a disposición de los vecinos", explican desde la conselleria. Y es que en la convocatoria de acción concertada de 2022, con el Botànic, 509 plazas se quedaron sin cubrir (de las 2.389 ofertadas) porque había entidades que no querían tener una dependencia de la Generalitat del 85% y esa posibilidad no les resultaba ni atractiva ni rentable.

"La fórmula del Botànic derivó en que hasta once centros (cinco residencias y seis centros de día) decidieron no presentarse y otro que se presentó, renunció posteriormente. Esto implica que la obligatoriedad de reservar el 85% a plazas públicas resulta en cero plazas en algunas zonas. Una vez más, una demostración de la ineficaz gestión del Botànic, que son quienes expulsaron a los centros del sistema público con sus políticas restrictivas y generaron un déficit de 24.000 plazas residenciales", añaden las mismas fuentes, tras destacar un modelo completamente opuesto al del Botànic, donde marcaron un porcentaje fijo muy alto (del 85%) de plazas públicas "para asegurar que la empresa privada no copara el mercado".