Caso Taula: La UCO reconoce sobre la causa contra los exalcaldes de Requena y Enguera que no comprobó si los trabajos se habían realizado
El instructor de la Guardia Civil detalla en la Audiencia que su labor se centró en la recopilación y análisis de la documentación de los contratos bajo investigación
Germán Caballero
Tras varias suspensiones y aplazamientos, el juicio de la pieza K del caso Taula por el que se encuentran acusados los exalcaldes de Enguera y Requena comenzó este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia con cuestiones previas. Esta mañana ha sido el turno de testificales con el tesorero y una interventora del Ayuntamiento de Enguera. Y uno de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Mañana miércoles declarará un segundo investigador, después de que la Fiscalía haya renunciado al resto de guardias civiles que estaban citados. El instructor de las diligencias de investigación en esta pieza separada por la contratación presuntamente fraudulenta de las empresas Servimun y Técnicas Legales Administrativas (TLA), ha reconocido ante las preguntas de las defensas de los acusados que su labor se centró en la recopilación y análisis de la documentación y que no comprobaron si los trabajos se habían realizado o no.
La causa se dirige contra los exalcaldes de Requena y Enguera, Javier Beresaluce, Santiago Arévalo y Óscar Martínez, así como contra el empresario Mariano López (exsuegro de Marcos Benavent, el yonqui del dinero) y un funcionario de la Diputación de Valencia. Estos dos últimos ya fueron absueltos en la pieza separada por la adjudicación del 'call center' de la Diputación de Valencia a la empresa Servimun.
Las 19 liquidaciones analizadas por la UCO de contratos con estos dos ayuntamientos fueron debidamente investigadas, según palabras del instructor, siguiendo un criterio policial, al ser cuestionado por la defensa de uno de los procesados por no haber hecho un supuesto trabajo de campo para comprobar que los trabajos para hacer aflorar deuda pública sí se materializaron, como sostienen las defensas.
Penas solicitadas por la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exalcalde de Requena, Javier Berasaluce (PP) una pena de ocho años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
A los exalcaldes de Enguera, Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV), pide una seis años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración. Mientras que para los empresarios Palomares y López, las penas solicitadas ascienden a los 11 años de prisión y 35 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil.
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