Fin a 149 días de Cecopi: la desescalada de la emergencia disuelve el órgano clave
La Conselleria de Emergencias se convierte en el nuevo interlocutor con los ayuntamientos y se reunirán semanalmente con la Delegación del Gobierno para mantener la coordinación en la reconstrucción
El centro de coordinación sigue generando polémica, cinco meses después, en torno a sus competencias o las decisiones de sus miembros

Reunión en l'Eliana, con el rey y Sánchez, tras los incidentes de Paiporta. / EFE

Pocas personas, incluso hoy, pueden decir de carrerrilla lo que significan estas siglas (Centro de Coordinación Operativa Integrado) pero el Cecopi ha sido, desde las 17 horas del 29 de octubre de 2024, el centro neurálgico de la política valenciana (y española). Este jueves, 149 días después de aquel día, ha quedado disuelto.
Como avanzó este diario, y ha ratificado esta mañana el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, este órgano ha decidido rebajar los niveles de emergencia de los municipios de la provincia de Valencia afectados por la riada del pasado 29 de octubre. En concreto, se ha rebajado al nivel 1 la situación de emergencia en los 28 municipios de la provincia de Valencia que todavía se encontraban en nivel 2; y se ha retirado esta situación de emergencia en 71 de los 75 municipios que se encontraban en el nivel 1 y que ahora pasan a la fase de recuperación. Así, 32 localidades permanecerán en la situación 1 de emergencia, por lo que las misiones de apoyo con recursos externos que requieran serán gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
Entre las consecuencias que tiene esta decisión está la del fin de las reuniones del Cecopi. Al no quedar municipios en nivel 2, se disuelve. Este órgano, que se ha reunido prácticamente a diario desde que se constituyó el día D, será sustituido a partir de ahora por otro tipo de reuniones, concebidas para mantener la coordinación y los canales abiertos de comunicación entre administraciones, especialmente para atender las necesidades de los ayuntamientos. En concreto, se reunirán con una periodicidad semanal los responsables de la Conselleria de Emergencias y la Delegación del Gobierno, junto con los representantes de los ayuntamientos que quieran participar. Se baraja incluso que participen instituciones partícipes en la reconstrucción, como la diputación. Al ser un formato no cerrado, podrán participar también las consellerias o entidades vinculadas a las temáticas que deban abordarse.
Ventana de comunicación con los ayuntamientos
La idea de la conselleria es que estas reuniones sirvan para que los ayuntamientos puedan seguir teniendo una ventana de comunicación abierta en la fase de reconstrucción, y no sientan que pierden el contacto directo. Ahora, el interlocutor con los alcaldes dejará de ser el Cecopi y pasará a serlo la propia conselleria. “Mantendremos, junto con la Delegación de Gobierno, reuniones semanales con los representantes municipales para atender cualquier necesidad relacionada con la emergencia que requieran; o dar traslado a la Conselleria o Administración competente, por lo que seguirán contando con todo el apoyo de la Generalitat como hasta ahora”, señaló este jueves Valderrama.
El debate de las competencias
Acaban las reuniones pero seguirá el debate en torno a lo que sucedió aquel día. El Cecopi ha generado amplias discusiones desde diferentes ámbitos: el primero, sobre el retraso en su convocatoria. Pero también sobre si se grabaron por algún medio o no las horas de aquel día, o los recesos en que las agencias estatales (incluida la Delegación de Gobierno) estuvieron desconectadas. Este jueves, de hecho, la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido un informe a la Guardia Civil sobre el Centro de Coordinación de Emergencias. Mientras tanto, continúa el debate respecto a las competencias de cada administración dentro del Cecopi.
La Generalitat sostiene que la delegada del Gobierno, como miembro del comité de dirección del Cecopi, también dirige y por tanto es corresponsable de sus decisiones. El Gobierno (y la jueza y el fiscal) señalan que el mando único correspondía a la consellera Pradas, como representante de la administración autonómica. El Palau asume que el mando corresponde a la consellera, pero apuntan que la delegación también tenía margen de actuación esa jornada, entre otras cosas pedir el nivel 3 de emergencia.
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