La jueza de la dana encarga a la Guardia Civil un informe sobre el Centro de Emergencias

La jueza que investiga los efectos de la dana del 29 de octubre ha encargado un informe a la Guardia Civil de València sobre el funcionamiento y detalle del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha acordado requerir a la Conselleria de Emergencias que le remita nueva documentación y encarga a la Guardia Civil la elaboración este informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, en respuesta a la petición de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), acusación popular en la causa, que solicitaba que la inspección de las instalaciones fuera presencial.

Relación de puestos de trabajo

Las diligencias de investigación acordadas hoy por la titular del Juzgado incluyen requerir a la Conselleria de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) para que remitan al juzgado la relación de puestos de trabajo de los trabajadores que prestan servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias. Esa documentación deberá especificar las tareas, formación y datos personales de los empleados, así como identificar a los que estuvieron presentes en el centro entre las 6 y las 23.59 horas del 29 de octubre (29-O).

El auto también emplaza a la misma institución a que facilite documentación relativa al Plan Especial de Inundaciones y la información que se remitió el día de la dana a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.

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Del mismo modo, requiere al director general del Medio Natural y Animal, Luis Gomis Ferraz, para que informe sobre las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control en el barranco del Poyo la fatídica jornada del 29 de octubre.

Documentación solicitada a la Guardia Civil

La magistrada concreta de forma detallada el contenido del informe encargado a la Guardia Civil: tendrá que incluir los "sistemas de videograbación de entrada al edificio, así como aquellas cámaras de videovigilancia que cubren las distintas estancias interiores; la información que comparten las pantallas de sus estancias; la información que se almacena en el sistema suministrada por los servicios que participan en la emergencia; el sistema de gestión geográfica; el sistema que garantice en todo momento la cobertura de red para el funcionamiento de telefonía móvil; el programa de cartografía adaptado a las necesidades específicas de las emergencias; el sistema de localización automática del lugar desde donde se llama al 112, tanto desde un móvil como de un terminal fijo; la ubicación en la pantalla y en tiempo real de la situación de las unidades móviles asignadas, incluidos aviones y helicópteros, mediante equipos GPS localizados en los vehículos; las múltiples posibilidades de búsqueda a través de callejeros, mapas de carreteras por topónimos; la visualización de todo el territorio de la Comunidad Valenciana a través de fotos aéreas; los sistemas de participación en reuniones, vía telemática, y la grabación de las mismas.

Aunque cabe destacar que la magistrada deniega la práctica de otras diligencias de investigación solicitadas por ACPV como "la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el Centro de Coordinación de Emergencias" porque no se pueden incorporar a la causa debido a que la investigación de la dana no se refiere a delitos dolosos (en este caso que los presuntos homicidios imprudentes se cometieron de forma intencionada).