Sanidad hará una prueba específica para que los trabajadores de hospitales revertidos sean funcionarios

Una enmienda del PP abre una vía para homogeneizar las condiciones del personal de los departamentos revertidos y de los consorcios sanitarios

UGT y CCOO se manifiesta por el personal laboral a extinguir de Sanidad

UGT y CCOO se manifiesta por el personal laboral a extinguir de Sanidad / JM López

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

El aleteo de una mariposa tiene efectos tan curiosos como que la respuesta ante una catástrofe de la magnitud del 29 de octubre abra una ventana para que el "personal laboral subrogado a extinguir" de los hospitales que estaban bajo concesiones privadas que han regresado al sistema público (Manises, Dénia, La Ribera y Torrevieja) pase a convertirse en "personal estatutario fijo", es decir, como el resto de trabajadores que han obtenido su plaza en el sistema público sanitario.

Esta es una de las enmiendas que se han aprobado este jueves en la Comisión de Sanidad de las Corts dentro del decreto ley de medidas frente a la dana impulsado por el Consell. A falta de su paso por el pleno, donde cuenta con los votos de PP y Vox, la nueva normativa señala que la Conselleria de Sanidad deberá convocar un "proceso selectivo de carácter extraordinario" para que el personal sanitario de los departamentos de salud recuperados para el sistema público pasen a ser funcionarios.

Será, según el nuevo texto legislativo enmendado en el parlamento valenciano, "un proceso selectivo de carácter extraordinario, de forma excepcional y por una sola vez", algo con lo que, según ha defendido la portavoz de los 'populares' en esta comisión, Nieves Martínez, se pretende solucionar un problema que dejaba "en el limbo" a "miles de trabajadores y sus familias" (se calcula que en torno a unos 5.000) tras las reversiones de los citados departamentos de salud.

Los diputados de PP y Vox hablan durante la Comisión de Sanidad, este jueves, en las Corts.

Los diputados de PP y Vox hablan durante la Comisión de Sanidad, este jueves, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

No obstante, el paso por la comisión ha traído nuevos cambios dentro de la propuesta de los 'populares'. Así, la enmienda ha sido transaccionada con Vox con una matización: que esta vía abierta para ser estatutarios se queda enmarcada exclusivamente a quienes continúan en el Sistema Valenciano de Salud "tras la extinción de los respectivos contratos de gestión de servicio público por concesión en los departamentos de salud de La Ribera, Torrevieja, Denia y Manises", circunscribiendo a los ya revertidos y no dejando la puerta abierta a futuros procesos.

Además, dentro de los cambios del decreto-ley, se extiende esta homogeneización de condiciones (y que permitiría entre otros aspectos la movilidad a otros departamentos como un trabajador más) al personal los consorcios sanitarios. En este sentido, se añade que se "podrán establecer procedimientos para la integración directa tanto del personal funcionario interino como del personal laboral temporal de los consorcios sanitarios".

Quejas de la oposición

Frente a la reivindicación de la medida por parte del PP, tanto el portavoz del PSPV, Rafa Simó, como el de Compromís, Carles Esteve, han afeado la forma de actuar y aprobarla, "por la puerta de atrás", con un "gol por toda la escuadra", esquivando a la Abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu y sin ningún tipo de negociación con los sindicatos. Es más, han reprochado que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, del PP, presumiera ante los trabajadores del hospital de esta medida sin que se hubiera llegado a debatir.

A ello han sumado que este cambio legal pueda acabar chocando con futuros recursos en los tribunales. El personal laboral a extinguir entró en sus respectivos puestos de trabajo sin pasar por una oposición sino contratados por una empresa privada. Cuando sus respectivos servicios pasaron al sistema público, sus puestos fueron subrogados sin ningún tipo de prueba. Que ahora vayan a pasar a ser estatutarios fijos con una prueba 'ad hoc' sin libre concurrencia podría tener réplicas judiciales, sindicales y políticas.

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