El Gobierno restringirá los permisos para construir en zonas inundables

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja ya en una restricción de los usos en zonas inundables, con un endurecimiento a la hora de otorgar nuevos permisos de construcción. Prohibiendo y estableciendo límites. Además, buscará la fórmula para incorporar medidas para adaptar las edificaciones ya asentadas en terrenos donde el impacto de los eventos extremos ya pudo comprobarse en la dana del pasado 29 de octubre. Cinco meses después el reguero de daños sigue aún visible en las localidades de l’Horta atravesadas por el barranco del Poyo o afectadas por el desbordamiento del río Magro en municipios de Utiel-Requena, la Hoya de Buñol o l a Ribera Alta.

A tal efecto el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen anunció ayer la apertura de una consulta pública que persigue una modificación de la normativa reglamentaria vigente.

Cambios frente a los riesgos

La vicepresidenta tercera insiste en que estos cambios buscan hacer frente a riesgos como los que provocaron la catástrofe de Valencia hace ahora cinco meses, «profundizando» en la revisión de algunos decretos. Pero también se busca introducir modificaciones nuevas «que minimicen el riesgo para las personas y los bienes». El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya avanzaba en una entrevista a Levante-EMV que una de las primeras intervenciones será la de «impedir o detener aquellos procesos que puedan agravar la situación en un futuro».

«Ya llevamos trabajando tiempo y tenemos regulaciones en este camino; lo que estamos haciendo ahora son dos vías, la parte fluvial y la costera», insistía Aagesen. «En ambas queremos trabajar basándonos en la cartografía de zonas inundables, algo en lo que llevamos trabajando muchísimo tiempo», remarcaba este viernes, cuando se cumplen 150 días de la dana. Se refería a l reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986, al Real Decreto de 2010 sobre mapas de peligrosidad y planes de gestión de riesgos de inundación, así como al Reglamento General de Costas de 2014. Normas ya con modificaciones en 2008, 2016 y 2023 respectivamente.

La idea es recibir aportaciones de todos los agentes, también de institutos de investigación, sociedad civil, comunidades autónomas, entidades locales, explican fuentes del ministerio. Insisten también en que el desarrollo será lo más rápido posible «porque es urgente» «Vamos a intentar tramitar la regulación de forma muy ágil, porque es urgente y es prioritario para el Gobierno», incidía.

El conflicto surge con las edificaciones erigidas desde hace décadas prácticamente dentro de ramblas, cuando no en los márgenes mismos de cauces. Así, asegura Aagesen, se trata de adaptarlas a los nuevos escenarios a los que aboca la emergencia climática. En ese punto avanzaba una colaboración con otros ministerios, como el de Vivienda. «Tenemos que buscar los mayores estándares de seguridad para que esos inmuebles ya habitados corran el menor riesgo posible», subrayaba. En ese sentido, ponía como ejemplo la posibilidad de introducir en la rehabilitación además de la eficiencia energética o la accesibilidad la variable de inundable.

Informados de los riesgos

La ministra incidía en que para poder seguir viviendo en puntos situados junto al Poyo, la Saleta, el Magre, el Xúquer o en muchísimas otras zonas con idéntico peligro en la Comunitat Valenciana, los ciudadanos tienen que estar informados. Sobre todo para que llegado el caso de activarse los protocolos de los planes de emergencia «estén preparados». Así, insistía en que está nueva regulación se está analizando «con muchísimo detalle» aunque no dudaba en admitir que es «extraordinariamente compleja». Pese a ello, se agarraba al optimismo al afirmar: «Yo creo que tenemos margen».

El tercer objetivo es el de «establecer los mecanismos de formación, tanto de empleados públicos como de ciudadanos, en prevención de riesgos». «Todo ello en colaboración con las autoridades de protección civil», se apunta. «Se pretende establecer un marco común de colaboración entre las distintas administraciones públicas implicadas en la implantación de las medidas de protección de inundaciones», concluye.