"Mazón se ausentó de su puesto de trabajo. Eso en laboral es un despido"
Las víctimas siguen compareciendo en la causa que se instruye por las 228 muertes de la dana destacan la humanidad de la jueza Nuria Ruiz Tobarra

José Emilio Picos y Ernesto Martínez.
A qué hora se comunicaron por última vez con sus familiares fallecidos, en qué circunstancias se produjeron esos últimos y dramáticos momentos de las 228 vidas segadas por las barrancadas y la riada del 29 de octubre. Y si llamaron al teléfono de emergencias 112 u otro organismo. Son las preguntas que sigue formulando la magistrada de la dana, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, a los familiares de las 228 víctimas mortales que comparecen ante ella. En un goteo incesante desde noviembre que le ha llevado a abrir al menos 167 piezas separadas, una para cada víctima mortal.
De los que comparecieron ayer, dos contaron su historia a los periodistas, a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Ernesto Martínez compareció junto a otro familiar y quiso destacar la calidad humana de la magistrada. «No conozco a ningún juez con la calidad humana que tiene esta persona». La primera pregunta que le formuló fue «que cómo estaba yo. Eso no hay muchos jueces que te lo pregunten. No es lo habitual. Todas las personas que han comparecido y con las que he hablado coinciden en la calidad humana de la jueza. Te trata como un amigo cercano y eso hay que ponerlo en valor».
Ernesto Martínez perdió a su hermana y su sobrina en Cheste, cuando ambas acudían a su puesto de trabajo pero el agua del barranco del Poyo las arrastró. Su sobrina es la última mujer a la que siguen buscando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Martínez explicó que la magistrada «quiere acotar todos los detalles. Y la manera de acotarlo bién es saber cuándo mi sobrina hizo la llamada al 112. Yo tengo dos vídeos. Uno justificándose por qué llega tarde al trabajo. ¿Hay que perder la vida? ¿Vale la pena por llegar a tiempo al trabajo? Yo creo que no. ¿Cuánto vale una vida? ¿Vale esto? Yo creo que no», reflexionó. También se refirió al encuentro de SOS Desaparecidos con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «No es representante de las víctimas. Valoro que se ofreciera cuando se le pidió ayuda a presentar la querella en la Audiencia Nacional. La querella no se presenta pero se hace una rueda de prensa en Madrid. Eso es más una imagen de marketing. Si quieres hacer algo pro bono no le das tanto bombo y platillo». Martínez no piensa reunirse con el jefe del Consell. «¿Para qué? ¿Qué nos va a decir? Él se ausentó de su puesto de trabajo. Eso en materia laboral es un despido. Yo ya no quiero saber dónde estuvo. Lo que sí sé es donde no estuvo y es al frente de una comunidad. Sobre los detalles del 29-O destaca que «un protocolo siempre sirve pero no hay que dejarlo en un cajón e irte a comer al Ventorro». Al tiempo que denunciaba que aún existen familiares sin acceso a un psicólogo. «Es el primer paso a la reconstrucción. Lo demás no nos vale ni a mí, ni a las familias».
José Emilio Picos, que perdió a su padre en Paiporta y a punto estuvo de perecer él ahogado también junto a su mujer (la alerta les llegó con el agua por la cadera, refugiado en un supermercado), aseguró que lo que necesitan las víctimas es «poder expresarse». También agradeció a la magistrada Ruiz Tobarra su «empatía» al tiempo que rechaza hablar con cualquier político «de ningún color. Que hablen con la jueza que es a quien tienen que contarle las cosas». «La jueza es una maravilla de persona, nos facilita en todo momento la fluidez de la declaración». El familiar aportó dos imágenes del barranco del Poyo a las 17.45 y las 18.45 horas. «En una hora subió diez metros».
Por último, Gonzalo León, abogado de la Asociación de Damnificados l’Horta Sud, aseguró que las declaraciones de los familiares muestra que la alarma llegó tarde y que las llamadas al 112 no obtuvieron respuesta, según la agencia Efe.
Acció Cultural del País Valencià pide saber los coches que accedieron al Cecopi
Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación particular en la causa de la dana, ha solicitado a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja que recabe las matrículas de los coches que accedieron al Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) el 29 de octubre. «Esta parte ha constatado que la Policía Local de l’Eliana cuenta con cámaras de videovigilancia en la entrada y salida de la población y que alguna, o algunas de ellas, controlan el acceso a la entrada de la localidad en las inmediaciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), tal como consta en la web del propio municipio», señala el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV. Con la obtención de estas imágenes, se podría obtener conocimiento de la identidad de las personas que accedieron al Centro de Emergencias («trabajadores, técnicos ajenos al centro, periodistas, políticos o personas que por cualquier otra circunstancia acdieran al mismo»). Con el objetivo, defiende el letrado de Acció Cultural, Manuel Mata, de que «se valore la pertinencia de utilidad de que puedan ser citadas como testigos». La franja horaria a la que se pide acceder es desde las 16.30 hasta las 23.59 horas del 29-O.
- Dos expertos concluyen en un informe al juzgado de la dana que Mazón debió declarar la emergencia catastrófica
- Salomé Pradas ante la jueza: 'Hubo 19.821 llamadas al 112, que llegó a colapsar, pero no tuve conocimiento directo
- El sensor del Poyo solo controla la mitad de caudales de toda la cuenca
- Atascos de 47 kilómetros en las carreteras de Valencia por la Operación Salida
- Emergencias no activó ninguno de los seis helicópteros de bomberos forestales durante la dana
- La Fe descubre un método no invasivo para detectar el rechazo a tiempo tras un trasplante de corazón
- Un colegio de València arrasa en una prestigiosa competición internacional de ciencia y tecnología
- Las contradicciones de la declaración de Salomé Pradas