Adiós al modelo de Oltra para Servicios Sociales

Los principales cambios que introdujo el Botànic de la mano de Mónica Oltra para darle un giro al sistema de Servicios Sociales comenzaron su marcha atrás en cuanto se formalizó el pacto de Gobierno entre PP y Vox que llevó al PSPV y a Compromís a la oposición y convirtió al Botànic en pasado. El freno y la revisión del decreto de Tipologías, los cambios de la Renta Valenciana de Inclusión (que aún está en anteproyecto), la inclusión de cambios importantes mediante la Ley de Simplificación y las modificaciones llevadas cabo en la ley de acompañamiento a los presupuestos deja claro que el modelo social de Oltra ha comenzado su reversión para decir adiós.

El último cambio ha sido la supresión de 16 órdenes de la época del Botànic (entre los años 2015 y 2023) reflejadas el 26 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que ha causado gran revuelo en el tercer sector, ya que implica un cambio en los trámites de las bases que regulan las subvenciones de programas de Servicios Sociales, que van destinadas a entidades sin ánimo de lucro. Así, asociaciones sociales se preguntan si la derogación de esas órdenes implica la supresión de líneas de ayudas destinadas a programas clave como el reparto del 0,7% del IRPF (es decir, el dinero correspondiente cuando se marca la casilla "fines sociales" en la declaración de la renta) u otros de similar importancia como los destinados a infancia, discapacidad, la Agenda 2030, al Plan Renhata (de rehabilitación interior de las viviendas) o a Igualdad.

La respuesta de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda sobre la supresión de estas órdenes es clara: "No se eliminan las ayudas". Lo que sí hay es "un cambio normativo para agilizar los trámites que pasarán de ocho meses que tienen en la actualidad los trámites mediante una orden, a los dos meses que implica hacer lo mismo pero mediante una resolución. "Se trata de una simplificación de los trámites", apuntan tras hacer referencia a la ley que permite este cambio y que lleva el mismo nombre: la Ley de Simplificación.

Puerta abierta a la privatización

Ahora bien, la ley de Simplificación introdujo también cambios que fueron criticados porque suponían borrar el modelo ideado por Mónica Oltra al "abrir la puerta" a la privatización del sistema de Servicios Sociales. Así se pasaba de haber conseguido que los Servicios Sociales supusieran un derecho "subjetivo para el ciudadano" (como lo es la Sanidad o la Educación) a "eliminar de la ley la prevalencia de las administraciones públicas para la gestión directa de los centros sociales", algo que podría afectar tanto a los servicios de atención primaria básica como a los específicos (servicio de atención integral a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o desprotección; servicio de protección y atención integral a las víctimas de violencia de género y machista y a sus hijos e hijas; y el servicio de atención a las personas con discapacidad y con problemas crónicos de salud mental), así como a la prescripción de las prestaciones gestionadas por personal de los ayuntamientos y de las mancomunidades.

Además, mediante la ley de Simplificación también se permitió aumentar plazas y reducir plantilla en los centros de mayores privados, una de las cuestiones más criticadas del Botànic, que tardó casi ocho años en realizar el conocido como decreto de Tipologías, que daba un vuelco al sistema y que está en revisión por parte del actual Consell.

De hecho, la primera medida de la actual vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, fue ponerle freno a este decreto de Tipologías y anunciar su revisión. Así, aún no se conoce cómo será el documento que rija las normas del juego (es decir, las características de centros y residencia de mayores, dependencia, infancia, discapacidad y salud mental, con ratios de usuarios y de personal, perfiles profesionales, servicios, instalaciones...) Lo que sí es seguro es que no será el diseñado por el Botànic, que atravesó todo un proceso judicial para ser, finalmente, avalado por el TSJ.

RVI: del cobro sin exigencia al trabajo como eje central

Lo mismo ocurre con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La ayuda fue diseñada por Mónica Oltra con una serie de características y la idea esencial de que cualquier persona, por el simple hecho de serlo (y si cumple los requisitos), tiene derecho a percibir unos ingresos para garantizar un "mínimo" de vida digna. Ahora, sin embargo, la conselleria de Camarero trabaja en un nuevo proyecto que implicará una nueva RVI con unas nuevas características, requisitos y sanciones donde el trabajo (tenerlo, buscarlo o formarse) es la clave.

La ley de Simplificación permite ahora agilizar los plazos para las bases de unas subvenciones que pueden (o no) sufrir modificaciones en su nueva redacción. O incluso dejar de salir. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario aseguran "que no es esa la intención" y que el cambio es "puramente normativo para reducir la burocracia".

Otro cambio jurídico que obliga a ir de año en año

La Conselleria de Servicios Sociales, pero también la de Hacienda, también afirman que es un "cambio puramente jurídico y normativo" la supresión que se ha llevado a cabo para eliminar todas las referencias a la condición de créditos ampliables en las prestaciones sociales, algo que abre la puerta a que el Consell (en documentos futuros) no incluya la obligación de ampliar crédito ni de pagar prestaciones cuando los fondos se agoten. Para este año 2025 los créditos ampliables están garantizados. Pero para que también lo sean en 2026 deberá constar específicamente en los presupuestos. Así, otra de las puntas de lanza del Botànic, con Mónica Oltra como responsable del área social, vuelve a la casilla de salida de créditos y partidas que se pueden (o no) ampliar, pero que ya no cuentan con la obligación "legal" de hacerlo.