Justicia
Amplían con 5 jueces los juzgados de violencia valencianos para asumir los delitos sexuales
En la provincia de València se crea uno exclusivo de violencia contra la mujer en Llíria
Otros dos son de nueva creación en Vila-real y Alicante, y dos son juzgados de instrucción reconvertidos en Castelló y Benidorm

Imagen de la manifestación del 8-M en València / Lucía Camporro
I. C. / EFE
El Gobierno ha enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta de real decreto que prevé aumentar en cinco las plazas de jueces y magistrados de violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana para hacer frente a las nuevas competencias que a partir de octubre tendrán que asumir estos juzgados como son los delitos de violencia sexual.
Tres corresponden a la creación de nuevas plazas en Llíria, Alicante y Vila-real (Castellón), mientras que las otra dos, para Castelló y Benidorm, consisten en la transformación de plazas de instrucción en plazas de violencia sobre la mujer.
Con ello se mantienen los cinco juzgados de violencia contra la mujer en València, y en la ciudad de Alicante pasarían de tres a cuatro juzgados especializados en violencia machista. Esta medida viene después de que 136 jueces de todo el país -21 de ellos de la Comunitat – alertaran en un escrito conjunto del riesgo de colapso en los juzgados de violencia sobre la mujer ante la carga de trabajo que se espera a partir del próximo 3 de octubre, cuando deberán asumir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos los delitos sexuales y trata con fines de explotación sexual.
Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que a nivel nacional el borrador prevé un aumento de 53 plazas de jueces en las nuevas secciones de violencia sobre la mujer. La gran mayoría de este aumento corresponde a la creación de nuevas plazas (39) y el resto consiste en la transformación de plazas de instrucción en plazas de violencia sobre la mujer (14).
Además, de acuerdo con el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, la creación 39 plazas de jueces conlleva la creación de otras 39 plazas de fiscales especializados en las nuevas secciones.
El Gobierno también ha solicitado al CGPJ que le comunique en qué juzgados serían necesarios jueces de refuerzo hasta que se complete el incremento de jueces previsto. Una vez el órgano de gobierno del Poder Judicial comunique esta circunstancia, el Gobierno procederá a aprobar dichos refuerzos.
Ley de Eficiencia de la Justicia
La ley de eficiencia de la Justicia contempla que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean los encargados de tramitar, a partir del próximo mes de octubre, todos los casos de violencia sexual y no sólo los que ocurren en el ámbito de la pareja, como sucedía hasta ahora. Entre esos delitos se encuentran, por ejemplo, los de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o los casos de acoso sexual.
Los jueces expertos en violencia machista habían advertido del colapso al que se enfrentan al asumir estos casos y el CGPJ ha estimado que la carga de trabajo se aumentará de media un 13 % en cada Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
El Gobierno ha reconocido que son necesarios más jueces y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, situó el incremento de la carga de trabajo en un 20 %, al tiempo que anunció el pasado 8 de marzo (Día de la Mujer) que incrementarían un 50 % el número de jueces de violencia sobre la mujer.
Con esta medida, señalan las fuentes de Justicia, se cumple el objetivo del Ministerio de evitar cualquier sobrecarga inasumible para las nuevas secciones de violencia sobre la mujer.
Así, el Gobierno valora "muy positivamente" que los jueces de violencia sobre la mujer vayan a tener la competencia sobre violencias sexuales y recuerda que, con ello, España cumple el compromiso internacional incluido en el Convenio de Estambul.
"Las víctimas estarán más protegidas al recaer estos casos en jueces con formación específica en materia de igualdad y en las dinámicas de estos delitos, evitando así prácticas, interrogatorios y valoraciones de pruebas erróneas, peligrosas o degradantes", señalan.
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