La Generalitat atiende entre 480 y 490 menores migrantes y dice no tener margen para más acogidas

La Generalitat cifra entre 480 y 490 los menores migrantes que atiende actualmente en los centros de acogida de la C. Valenciana, lo que supone un 160 % de la capacidad total de la autonomía (317 plazas), según los números aportados este martes por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, quien ha avanzado que el gobierno de Mazón "no tiene capacidad de acoger" a los niños y niñas que quiere redistribuir el Gobierno central. Este es uno de los requisitos impuestos por Vox al PP de Carlos Mazón para apoyar los presupuestos de 2025.

Este lunes, 31 de marzo, vencía el plazo para que las comunidades aportaran al Ministerio de Juventud e Infancia la cifra concreta, en el marco del decreto-ley aprobado por el Ejecutivo para redistribuir entre los territorios a los chavales llegados a Canarias y Ceuta. La vicepresidenta y portavoz ha anunciado que el pleno del Consell ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad por este texto por invadir competencias autonómicas.

Solo 481 de los 3.700 menores que tutela la Generalitat son extranjeros

Camarero ha señalado que durante 2024 la Generalitat atendió a "más de 900 menores migrantes", si bien la "media de permanencia" se sitúa en las citadas 480 o 490 personas, por los flujos de entrada y salida en el sistema (abandonan estos centros al cumplir los 18 años, por ejemplo). Mazón aseguró en julio que eran 481 menores migrantes los atendidos en tierras valencianas. Según ha explicado, este conjunto de datos junto con el porcentaje de ocupación es el que se ha trasladado al Ejecutivo central.

La portavoz ha alertado que la C. Valenciana "vive una crisis migratoria por la llegada de menores", un hecho que según ha destacado ha "obligado a ampliar plazas para otorgar una atención digna" a este colectivo. Poniendo el foco en la financiación, una de las críticas que hacen las comunidades del PP, Camarero ha denunciado que estos centros "tienen un coste de 23 millones de euros", de los que el Gobierno "sólo paga 1,2 millones". Igualmente, asegura que el coste diario de acoger a un menor es de 212 euros para la Generalitat, mientras el Gobierno apenas lo cifra en 143 euros.

En cuanto a la capacidad, ha asegurado que el sistema valenciano está "tensionado", con una "ocupación media del 160 %" por esas entre 480 y 490 personas atendidas sobre las 317 plazas, que según ha remarcado 122 de ellas fueron creadas en 2024. "Ello hace que el sistema no tenga capacidad para acoger los menores migrantes que el Gobierno quiere trasladar de forma irresponsable".

Camarero ha argumentado que cumplir con el reparto que plantea el Ejecutivo implicaría un "maltrato institucional hacia los menores", que quedarían "abocados al hacinamiento" al no disponer de las plazas necesarias.

Asimismo, Camarero ha denunciado que los criterios del reparto no se han negociado con los territorios y ha incidido en las diferencias en las cifras entre comunidades (aunque estas se basan en buena medida la situación previa, según alega Moncloa). En el caso valenciano supondría duplicar las acogidas, algo que la Generalitat "no podrá gestionar", según ha alertado la vicepresidenta.

Recurso ante el TC

Sobre el recurso de inconstitucionalidad que ya prepara la Abogacía de la Generalitat contra el decreto, la portavoz ha indicado que supone una "clara injerencia" en las competencias autonómicas, así como una omisión de los principios constitucionales de "cooperación, coordinación y solidaridad".

El Consell indica que la utilización del Real Decreto Ley es "inadecuada" según la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que "la regulación afecta derechos fundamentales que requieren ser abordados mediante una Ley Orgánica, garantizando así una protección adecuada de los menores migrantes", según recoge el comunicado oficial de la Generalitat.