Frente común del Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo ante la falta de coordinación de las administraciones tras la dana

Coordinación y colaboración. Es lo que han querido transmitir este miércoles desde Alicante el Síndic de Greuges, Ángel Luna, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una comparecencia conjunta ante los medios desde la sede de la institución autonómica. Una coordinación y una colaboración que, según las constataciones de ambas entidades, no está teniendo lugar entre la administración estatal y la autonómica tras la dana que devastó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Es esta la razón por la cual ambas instituciones han exhibido colaboración mutua. “No podemos ni queremos permitirnos el lujo de no trabajar coordinadamente”, ha expresado Gabilondo, que ha informado junto con Luna de las quejas recibidas a propósito de la dana y también de las propuestas que trasladan a las administraciones interpeladas para atender a los afectados con eficacia.

En este último sentido, han confirmado el contacto inminente con las administraciones autonómica y estatal para “preguntar” sobre las acciones llevadas para materializar la cooperación y poder ayudar, de esta manera, de forma eficaz a las víctimas del temporal. “No queremos dar lecciones a nadie, pero nos preocupa muchísimo la voluntad de cooperación, que se debe dar en todas las administraciones, y es importantísimo que eso lo palpen los ciudadanos”.

Gabilondo ha hablado de los mecanismos y procesos legales previstos para crear comisiones de coordinación en este aspecto, y ha anunciado una actuación de oficio para que su institución sea informada sobre las iniciativas que se creen con esta intención. Citaba, de esta manera, el Real Decreto de 5 de noviembre de medidas urgentes de la dana, que cuenta con un artículo, el segundo, que “habla de la cooperación de las administraciones públicas y de los convenios e instrumentos de colaboración”.

Además, apuntaba también que “tiene que haber una comisión de coordinación, según dice el artículo 25.2 de la Ley 17/2015 del sistema nacional de protección civil”. De la misma manera, citaba el artículo 8 del Decreto de la Generalitat “para la creación de un plan de recuperación económico y social en el que se dice que se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para procurar la colaboración y coordinación con la administración general del Estado”.

Ante la ausencia de estas medidas, el Defensor del Pueblo quiere saber si desde las administraciones autonómica y central han llevado a cabo la iniciativa para constituir la comisión citada. “Parece que se hacen planes, parece que hay recursos, pero nos preocupa que la colaboración y la coordinación entre administraciones no se esté produciendo en toda su dimensión”. Y ha concluido que, “como nos dedicamos a supervisar a la administración, creemos que sería importante desarrollar estos mecanismos formulados en la legislación vigente”.

En relación con esta demanda, Gabilondo ha sugerido que “es el momento de que alguien diga ‘yo sí he sido’, porque no estoy seguro de que la ciudadanía esté encantada con este debate de competencias tan apasionante: lo que quieren es resolver problemas”.

Las quejas

En cuanto a las quejas recibidas hasta ahora por ambas instituciones, Ángel Luna ha firmado que “el grueso” de estas están empezando a llegar actualmente. Las que tienen relación con la administración estatal son derivadas al Defensor del Pueblo, y el Síndic pronostica que las que irán llegando de manera inminente tendrán que ver con las ayudas anunciadas pero no materializadas o con la demora en las contestaciones por parte de las administraciones.

Gabilondo matizaba que frecuentemente se dan problemas con el retraso a la hora de reconocer la dependencia de ciudadanos y, por lo tanto, de que éstos perciban la contribución correspondiente. O con la demora en la ejecución de las ayudas sobre dependencia o incapacidad. Cuestiones no relacionadas directamente con la dana pero que, en una situación como la que se ha generado con la riada, son aún más urgentes de resolver. Otras quejas habituales entre las que están llegando tienen relación con el retraso de la peritación de los daños o del cobro de indemnicaciones.

Tanto el Síndic de Greuges como el Defensor del Pueblo, aseguraban sus representantes, “estamos en contacto permanente para dar respuesta al ciudadano”. En la Comunidad, la institución autonómica recibe unas 4.800 quejas anuales, mientras que las que llegan al Defensor del Pueblo son unas 3.700. En todo caso, tanto Luna como Gabilondo han querido quitar importancia al número de quejas recibidas por la dana, ya que “nos tomamos los temas muy en serio, tanto si hay muchas quejas como si hay pocas”.

Ambos han reconocido, eso sí, que los ciudadanos se han dirigido a las dos instituciones preguntando por la idoneidad de haber tomado mediadas previas para evitar la catástrofe o por si el problema derivó de la falta de avisos, y han matizado que ni el Síndic ni el Defensor están para dirimir estas cuestiones. “No entramos en el debate político”.