Educación empieza a contratar 1.900 docentes de forma gradual

Conselleria ha comenzado a contratar los 1.900 profesores que debía incorporar a las aulas en aplicación de acuerdo de plantillas firmado por el Botànic y que la justiciá refrendó el pasado mes de noviembre. Lo está haciendo -como dijo- de manera gradual, sacando unas pocas plazas cada semana debido a la falta de presupuesto específico para estas incorporaciones.

El departamento de José Antonio Rovira tuvo que enfrentar el año pasado un varapalo judicial imprevisto, la contratación de 1.900 docentes con los que no contaban. En un principio intentó retrasar el fallo durante más de cuatro meses, pero finalmente ha acabado acatándolo y contratando el profesorado, aunque los sindicatos presionan para que aumente el número de incorporaciones: "a este ritmo llegaremos a final de año y casi no habrán contratado gente", explica Marc Candela, portavoz del Stepv. Este diario se ha puesto en contacto con Conselleria pero por el momento no ha hecho declaraciones.

La cronología es la siguiente: Educación anunció en mayo de 2024 (a la mañana siguiente de una huelga general docente) que tumbaba un acuerdo de plantillas firmado por el Gobierno anterior y que suponía contratar 1.900 profesores. Conselleria adujo que, al haberse firmado en funciones, el acuerdo no tenía validez.

Los sindicatos recurrieron esta decisión a la justicia y ganaron. El 18 de septiembre de 2024 el TSJ suspendió cautelarmente el intento de Conselleria de Educación de tumbar el acuerdo. En octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió su sentencia firme, y días después dimitieron los responsables de las plantillas de profesores de Conselleria.

Legislatura en los tribunales

El conseller José Antonio Rovira lleva a penas lleva año y medio en el cargo, y por su departamento ya han pasado 4 asuntos que han caído en los tribunales. El intento fallido de vetar los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante es el primer gran varapalo judicial que ha recibido su conselleria, tras confirmar el TSJ a mediados de diciembre que el grado debía mantenerse.

Por otra parte, la ley de libertad educativa (una de las medidas estrella del programa electoral del PP en materia de Educación) está en el Tribunal Constitucional después de que Compromís consiguiera los apoyos necesarios en el Congreso para ello. El objetivo de la coalición valencianista es tumbarla porque considera que contradice la ley de Educación estatal. Esta ley contiene, posiblemente, la medida más polémica del conseller Rovira, la consulta de lengua base en los centros, que puso en pie de guerra a sindicatos y gran parte de la comunidad educativa desde el inicio.

El plan Edificant es otra de las áreas que están en los tribunales. El conseller Rovira anunció el año pasado que paralizaba las actuaciones en 15 centros por el mismo motivo por el que intentó tumbar el acuerdo de plantillas: la anterior consellera, Raquel Tamarit (Compromís) las aprobó en funciones. Los alcaldes de Burjassot, Mislata, Sagunt, Quartell, Senyera y Albalat del Sorells lo llevaron a los tribunales el pasado mes de septiembre.

El acuerdo de plantillas es el último capítulo de una legislatura marcada -hasta el momento- por los tribunales, donde la oposición ha llevado varias de las medidas estrella del conseller José Antonio Rovira.