Mazón carga contra los aranceles "injustificados" de Trump y evita criticar el Pacto Verde desde Bruselas

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado este jueves desde Bruselas los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos europeos durante su intervención en un pleno del Comité de las Regiones del que forma parte la Comunitat Valenciana. El popular ha pedido a la UE actuar con "firmeza" y "unidad" ante la ofensiva arancelaria de Donald Trump, la cual ha tildado de "injustificada" y ha situado como una "clara amenaza" para los intereses comunitarios. Tras llamar "a la acción contra" el Pacto Verde Europeo (impulsado por el PP) hace escasos días para atar el apoyo de Vox a sus presupuestos, Mazón ha evitado ahora cargar contra el acuerdo desde el corazón de la UE y no ha hecho ninguna referencia al mismo.

El jefe del Consell ha remarcado el "impacto" que estos aranceles tendrán sobre la competitividad de los productos europeos (especialmente vino, licores, pastas, lácteos y aceites de oliva) y ha apelado a "la unidad y la colaboración de las regiones europeas para superar los desafíos y asegurar un futuro próspero para todos" con el objetivo de "buscar soluciones conjuntas" al "desafío" que suponen las tasas aplicadas por la administración Trump.

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En ese sentido, ha abogado por "parar la guerra arancelaria y evitar una asimetría en esos aranceles para los países de la Unión Europea para no generar distorsiones en la competencia entre los propios países europeos, vulnerando el principio de unidad de mercado que define nuestra unión".

Sin mención al Pacto Verde

Durante su intervención para presentar un proyecto de dictamen para mejorar la política agraria europea, Mazón ha ignorado el Pacto Verde, algo llamativo tras el protagonismo que le dio a este acuerdo durante su intervención para anunciar su alianza con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025, lo que le ha dado cierto margen de maniobra en plena crisis política por su gestión de la dana.

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Entonces, cumpliendo con las premisas de Santiago Abascal, pidió actuar en su contra y lo puso como ejemplo de "agenda ambientalista perjudicial" y de "dogmatismo climático". Este jueves, sin embargo, ha optado por no criticar un plan capitaneado por el PP en Bruselas. Sólo ha mencionado a la Política Agraria Común (PAC), otro instrumento comunitario que ha situado como una "herramienta clave" pero que ha solicitado "mejorar y reformar" porque "no ha conseguido evitar el abandono de tierras ni el relevo generacional".

"Calentamiento global" y no "cambio climático"

Mazón ha mencionado "tres grandes desafíos" para la agricultura europea en este contexto de inestabilidad: las "prácticas comerciales desleales", un mercado "especialmente sensible a cambios geopolíticos" y el "calentamiento global", que "incluye sequías severas, incendios, inundaciones y episodios climáticos extremos e impredecibles".

Pese a incluir este tercer punto entre las prioridades y pedir más "innovación" para que los agricultores puedan adaptar sus productos a la nueva realidad, Mazón no ha pronunciado el término "cambio climático" en ningún momento. En ese sentido, ha pedido también imponer "cláusulas espejo" a pactos con terceros y "más coordinación fitosanitaria".

Compromís le pide la dimisión

En el pleno también ha intervenido la diputada autonómica de Compromís, Paula Espinosa, quien ha denunciado la "hipocresía" de Mazón por ir a la UE a defender un informe y "hablar de competitividad" en el campo "mientras pacta con negacionistas del cambio climático y enemigos del Pacto Verde Europeo, o mientras asfaltan l'Horta y pone en peligro a la población ante futuros fenómenos meteorológicos extremos".

Espinosa ha señalado que "no es coherente" que el president "se pasee por Europa cuando hace meses que se esconde de la ciudadanía valenciana y de la jueza de Catarroja", ha dicho para concluir con un ya clásico "Mazón dimisión".

Pide rapidez a la UE en las ayudas y critica su "burocracia"

Tras el pleno y en declaraciones a EFE, Mazón ha cargado contra la "lentitud" con la que están llegando las ayudas del Gobierno central, pero también de la UE, a la que ha criticado por su "burocracia". "Aprovecho para pedir a la Comisión Europea y al Gobierno que aceleren estos plazos, que aumenten estas cantidades", señaló en referencia al anticipo de 100 millones de euros que Bruselas anunció el pasado lunes que tiene previsto destinar a los afectados por la dana.

"Cien millones es muy, muy, muy poco al lado de lo que estamos planteando", dado que la Comunitat Valenciana necesita "miles de millones" de euros, consideró antes de subrayar también la preocupación por la "lentitud" de las ayudas de ambas administraciones.

"Los anticipos tienen que llegar a tiempo y un anticipo cinco meses después, no es un anticipo", sino que "lo que parece es un retraso", opinó. Además, indicó que pese a que Bruselas ha "anunciado" esas ayudas, todavía no las ha "liberado" y ahora se está pendiente "de una aprobación definitiva".

"Con esta burocracia en Europa es muy difícil a veces trabajar los anticipos y los plazos", indicó Mazón, quien añadió que la Generalitat no sabe aún cuándo van a estar disponibles e insistió en que hace falta que el Gobierno de España y la CE digan "cuándo van a hacer efectivos estos anticipos".

"Quiero aprovechar para pedir que se ratifique lo antes posible. Que la Comisión Europea nos concrete, porque no nos está concretando. Han pasado cinco meses ya", señaló. A la vez, pidió al Gobierno de España que "acelere las ayudas, que las tiene muy ralentizadas". "Es difícil poder avanzar solo nosotros con un incremento de las ayudas y con una aceleración que la Generalitat si que está haciendo", indicó.

Cien millones de los 4.400 pedidos

La Comisión Europea anunció, el pasado lunes, un pago anticipado a España de 100 millones de euros con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) para ayudar en la recuperación tras la dana del pasado octubre, y precisó que esa era la cantidad máxima permitida por el FSUE como anticipo-

La Comisión precisó que está evaluando la solicitud oficial sobre los daños relacionados con la dana, presentada el pasado enero por España y que, una vez concluida esa evaluación, presentará una propuesta sobre el importe total que se concederá con cargo al Fondo de Solidaridad.

El Ministerio español de Hacienda remitió el pasado 20 de enero la documentación necesaria para acogerse al Fondo de Solidaridad y precisó entonces que los gastos susceptibles de recibir recursos eran, entre otros, los destinados al establecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación.

En particular, se incluyó el detalle de los gastos que cumplían los requisitos para ser financiados con el Fondo de Solidaridad y que ascendían a 4.404 millones de euros, cifra que el propio Ministerio precisó que "podría sufrir variaciones a la baja".