Benidorm estudiará todas las vías posibles para evitar hacer frente a la condena por los terrenos de Serra Gelada

"Tranquilidad y serenidad". Así ha comenzado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, su comparecencia de este viernes para analizar la providencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que condenaba a pagar a la administración local 330 millones de euros a los propietarios de esas parcelas en el APR-7 de Serra Gelada. El primer edil explicó que los técnicos jurídicos y económicos están ahora estudiando todas las vías posibles para evitar hacer frente a esta responsabilidad patrimonial. Además recalcó que el consistorio tiene aún cinco procedimientos abiertos en primera instancia que podrían modificar la situación actual y que en dos ya se le ha dado la razón al Ayuntamiento.

El Supremo confirma la sentencia que condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar a los dueños de un terreno 330 millones, más del doble de todo el presupuesto municipal

Tras conocerse el fallo del TS, la noticia de que la condena de los 330 millones era firme corrió como la pólvora y puso sobre la mesa las consecuencias económicas que podría tener para el Ayuntamiento. El importe supone dos presupuestos y medio sobre unas cuentas de 140 millones. Pero el alcalde indicó que "aún no se está en este punto", es decir, en el de plantear cómo se va a hacer frente a ese importe millonario. Tampoco aclaró por ahora si el Ayuntamiento está dispuesto a negociar con los propietarios todo este asunto.

Dicha providencia se tuvo conocimiento este jueves por la tarde y, tras una Junta de Portavoces en ese momento, este viernes se ha celebrado una reunión con los técnicos de las áreas jurídica y económica que son los que ahora deberán marcar el siguiente paso en la hoja de ruta que planteará el Ayuntamiento tras el varapalo judicial. Pérez no dio demasiados detalles a pesar de preguntarle en varias ocasiones sobre cuáles son las opciones que hay sobre la mesa ante el pronunciamiento del Supremo: "El Ayuntamiento no ha agotado su camino", afirmó en un momento de su comparecencia.

Lo dicho por el Supremo es firme, es decir, no caben más recursos. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron que el siguiente tribunal al que se podría acudir es al Constitucional, aunque en este caso se tiene que justificar que hay una vulneración de derechos fundamentales. El recurso de amparo contra decisiones judiciales tiene un plazo de presentación de treinta días desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa. Pero no sería la única vía que se podría plantear en este caso, aunque aún no se dieron detalles sobre las demás. "Les emplazaré cuando haya novedades al respecto" y añadió que en esta cuestión "no se gana nada desde el desasosiego".

Pero Pérez solo detalló que el camino concreto "no tiene por qué ser por elevación" a otro tribunal y que ahora serán los técnicos los se pronuncien tras estudiar el "abanico de acciones" que se han abierto y quienes "orientarán el camino a seguir" a partir de ahora. Así recalcó que es "pronto para decidir ahora una estrategia jurídica o económica, pero no será distinta a la emprendida hasta ahora basándose en los informes técnicos" en los que el gobierno del PP ha basado todas sus decisiones desde que decidió dejar expirar los convenios en 2016 y declararlos posteriormente nulos.

El alcalde sí fue claro en una cuestión que repitió en varias ocasiones: el Ayuntamiento aún tiene cinco procesos abiertos en juzgados de primera instancia sobre esa declaración de nulidad de los convenios urbanísticos de 2003, 2010 y 2013; en dos de ellos, los juzgados han fallado a favor del Ayuntamiento y están en fase de apelación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por parte de los propietarios. En los otros tres aún no hay pronunciamiento.

El alcalde explicó que todo este proceso "es un asunto complejo con muchas cuestiones" y que lo dicho por el Supremo "es una parte en todo el proceso". Así añadió que "tienen que posicionarse los tribunales de justicia sobre lo que está abierto" en referencia a los cinco asuntos aún en los juzgados. "¿Qué dirían si se hace una cosa y en dos años nos dan la razón al Ayuntamiento en todos los procesos? ¿Qué pasaría?", agregó el primer edil para referirse a que "si los convenios son nulos como nos han dado la razón dos veces, tenemos ahora marcada una responsabilidad patrimonial sobre algo que no es", es decir, sobre lo escrito en unos convenios que serían nulos.

¿Cómo hacer frente al pago de 330 millones?

La condena al Ayuntamiento de Benidorm por unos terrenos puede ser problablemente la más alta impuesta en España en este sentido al llegar a los 330 millones. Pero, ¿cómo se plantea el consistorio hacerle frente? "Los servicios jurídicos y económicos no están en eso ahora, es un futurible", indicó el alcalde al ser preguntado cómo podría el Ayuntamiento de Benidorm afrontar esa cuantía millonaria que supone dos presupuestos y medio actuales. "No estamos en el momento procedimental de atender esa responsabilidad patrimonial", añadió, porque en todo momento el alcalde habló de responsabilidad patrimonial, no de un pago de 330 millones como tal.

Preguntado sobre si se podría consignar en el presupuesto municipal de 2025, aun sin borrador, alguna partida destinada a esta sentencia, Pérez reiteró que "no es una pregunta que pueda contestar ahora. No estamos en ese momento sino en cómo actuar ante la providencia del TS". Aunque sí indicó que "el Ayuntamiento de Benidorm está saneado, la deuda la dejamos a cero en 2022". ¿Podría el Ayuntamiento asumir esa cantidad millonaria? "El Ayuntamiento puede con casi todo si tiene unos gestores que son honestos y trabajan por el interés general de Benidorm. Yo estoy tranquilo".

El PSOE pide al alcalde que dimita

"Toni Pérez tiene que pedir perdón y dimitir por llevar a Benidorm al precipicio". Así se pronunció la portavoz del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, este viernes y exigió al alcalde que asuma sus responsabilidades, pida disculpas y que dimita tras el nuevo varapalo del Tribunal Supremo. La sentencia "va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Escoda mostró su preocupación y la del partido socialista por una sentencia que compromete el importe total de dos presupuestos y medio del Ayuntamiento, lo que supone "a todas luces la quiebra técnica".

Pero, además, criticó el "cambio de postura del alcalde con respecto al convenio que firmaron las partes en 2003, cuando él formaba parte de aquel gobierno, para compensar a los propietarios de los terrenos en Serra Gelada por no edificar". Escoda recordó que "votó a favor de este convenio en 2003, mientras el PSOE votaba en contra. Un convenio que una vez aprobado fue ratificado y renovado por los gobiernos del PSOE en 2010, con el voto a favor del PP, y en el 2013 en el que el grupo popular y su portavoz Toni Pérez cambiaron de postura". Y añadió que ese cambio se habría traducido también al llegar a la Alcaldía en 2015 "negándose a renovar los convenios, sin calibrar las consecuencias, actuando por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos".

Sin embargo, el alcalde negó tajantemente ese cambio de postura: "El gobierno del PP y Toni Pérez no cambió de postura en 2015", algo que reiteró en varias ocasiones, "ni fue una decisión unilateral de mi parte, sino que se tomó con el respaldo de informes técnicos. Siempre hemos votado con lo que decían los técnicos y el Consell Jurídic Consultiu, fueran quienes fueran los propietarios". Y acusó al PSOE de hacer lo contrario: "El PSOE, en función de quien eran los recurrentes, votaban una cosa u otra". Pérez recalcó que "desde 2015 el PP ha defendido los intereses de Benidorm en algo que creemos que tenemos razón", todo orientado "por los técnicos de la casa".

Con todo, la portavoz del PSOE indicó que el futuro económico del Ayuntamiento "pinta muy mal y, lamentablemente, los más perjudicados van a ser los vecinos y vecinas de Benidorm que podrán ver una merma importante de los servicios públicos". Así añadió que "estamos hablando de que tendríamos que pedir fondos de rescate al Estado y eso llevaría aparejado un plan de ajuste. Esto implicaría que servicios como el conservatorio o la guardería se verían afectados, y que las contratas actuales, que están todas caducadas, también habría que aplicarles un recorte en los servicios".

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