El Consell apoya el Plan Nacional de Salud Mental pese a la "insuficiente financiación"

La Conselleria de Sanidad ha dado su apoyo al Plan Nacional de Salud Mental en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), aunque lo ha hecho con ciertas reticencias; principalmente, relacionadas con la "insuficiente financiación" por parte del Ministerio de Sanidad, que dotará a la estrategia con 39 millones de euros. La Generalitat Valenciana comparte esta crítica con el resto de comunidades autónomas gestionadas por el PP que han hecho frente común contra la ministra Mónica García, una vez más.

El plan consigue el aval de las comunidades autónomas en el segundo intento porque, en su votación anterior celebrada en febrero, las autonomías de los populares votaron en contra al "no contar con el aval" de las sociedades científicas. Casi dos meses después, la estrategia ha salido adelante al incorporar las apreciaciones de una serie de entidades, lideradas por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud mental (SEPSM), pero el foco del PP se ha dirigido hacia la financiación.

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Según el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Generalitat, Bernardo Valdivieso, el voto a favor ha sido por "responsabilidad" aunque con "condiciones", en referencia a la financiación. El cambio respecto a febrero está motivado por la introducción de "algunas mejoras planteadas en el grupo de trabajo" y por cumplir el requisito de contar con el "visto bueno" de las sociedades científicas. Este ha participado de forma telemática en una reunión celebrada en Toledo.

Financiación de unos y otros

En el caso de la Comunitat Valenciana, la Conselleria compara la financiación autonómica -es de 192 millones de euros, según lo dispuesto en el proyecto de presupuestos del año 2025, presentados hace dos semanas por el Consell- a la del Ejecutivo Central, cuya dotación es de 39 millones de euros para todo el país. La cuantía autonómica es cinco veces la nacional, aunque cabe recordar que las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías y que el margen nacional es bastante más reducido.

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Valdivieso ha explicado que la queja "no es un capricho" sino "una evidencia de la relevancia que otorga el Ministerio de Sanidad a la Salud Mental, más allá de titulares o compromisos incumplidos". En este sentido, ha recordado el retraso en la implantación de las Unidades de Emergencia de Salud Mental (USME), anunciadas por García en diciembre y que deberían haber comenzado a operar en las zonas afectadas por la dana en febrero. Por el momento, siguen sin fecha de inicio de la asistencia psicológica.

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En contraposición, Sanidad destaca la puesta en marcha de siete Unidades de Trauma Complejo en los departamentos de salud afectados por la barrancada, que trabajan "en horario de mañana y tarde", así como la creación de 200 nuevos puestos de trabajo en la nueva Dirección General de Salud Mental en septiembre, con un incremento del 21,4 %. Valdivieso ha señalado que en la actual legislatura se ha "asumido un incremento del 90 %" del personal especializado en atención psicológica "respecto al crecimiento total de la plantilla durante las dos legislaturas anteriores".