Solo 2 de los 58 municipios con riesgo activaron su gabinete de crisis el día de la dana, según un informe de CGT

La acusación popular del sindicato CGT pide al juzgado conocer si se cumplieron los protocolos de rondas informativas con servicios básicos y municipios

Denuncian el "incumplimiento sistemático" del plan valenciano frente a inundaciones durante el 29 de octubre

Obras de reconstrucción en el metro en Paiporta y Picanya.

Obras de reconstrucción en el metro en Paiporta y Picanya. / J.M. López

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

La acusación popular que ejerce la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha presentado ante el juzgado que instruye la causa sobre la dana un nuevo informe técnico en el que documenta el "incumplimiento sistemático" del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana durante las inundaciones del 29 de octubre. En la práctica, una enmienda a la totalidad de la actuación aquel día, tanto en lo que corresponde a la Generalitat como a los ayuntamientos.

Según señala este lunes el sindicato, que ejerce una de las acusaciones en la causa que dirige la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, el análisis comparativo entre el Plan y el informe oficial del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha permitido detectar varias "graves deficiencias".

Entre ellas, que solo dos de los 58 municipios con riesgo alto de inundación activaron sus Cecopal (órganos municipales de coordinación), que el CCE no se constituyó como Cecopi, lo que "impidió una gestión estructurada desde el centro autonómico", y que el único Puesto de Mando Avanzado se activó "con retraso y fuera del área afectada" el 30 de octubre.

Respecto a la actuación municipal, señala: "Más grave todavía, los Cecopal recogidos en el plan especial de inundaciones no se constituyeron", apunta el informe, que recoge la literalidad del plan de inundaciones, donde se indica que "desde el Cecopal se dirigirán las actuaciones de los servicios municipales". Según CGT, los Cecopal que se constituyeron en la provincia de Valencia los días 28 y 29 de octubre de 2024 "(recordando que se tienen que constituir en situación de preemergencia) han sido solo dos, Algemesí y Valencia". Además de esto, Algemesí fue el único ayuntamiento que activó su plan territorial municipal de emergencia.

Además, añade que "de los 23 que se tenían que haber constituido en los lugares donde hubo fallecidos, se constituyeron únicamente dos, el de Valencia con retraso a las 11.12 del dñia 29, cuando se tenía que haber constituido el día de antes".

Carcaixent, un día antes

Con todo, otros municipios señalan que también hicieron el trabajo que marcan los protocolos. Según explica la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, su municipio activó el Cecopal ya una semana atrás, cuando registraron lluvias torrenciales. Quedó en estado latente durante la preemergencia. Y el domingo volvió a ser activado, antes de que comenzara el tráfico episodio.

Según el informe de CGT, "esta falta de actuación tuvo un impacto directo en la capacidad de respuesta", advierte a la jueza esta acusación particular, según la cual "se obstaculizó la recepción y coordinación de solicitudes de auxilio desde ayuntamientos y ciudadanía", no se activaron rondas de seguimiento ni se compartió información crítica sobre la evolución de la emergencia, y se "ralentizó" la movilización de recursos de emergencia, como bomberos o brigadas forestales.

El informe confirma 228 fallecimientos, concentrados en municipios donde el riesgo de inundación era alto o medio según el propio plan oficial. Destacan los casos de Catarroja (25 víctimas), Paiporta (45) y Alfafar (15), entre otros.

Desde FETAP-CGT se ha solicitado al juzgado que se requiera información al Centro de Coordinación de Emergencias para esclarecer si se cumplieron los protocolos de rondas informativas con servicios básicos y municipios, y si se establecieron los procedimientos de coordinación del Cecopi conforme a lo previsto en el Plan.

"Estamos ante una falta de aplicación real de un plan diseñado para proteger vidas. No es una cuestión solo técnica o política: es un incumplimiento con consecuencias humanas irreversibles", según fuentes del sindicato.

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