Gobierno y Consell se sitúan a un paso de la batalla judicial por la memoria histórica

El conflicto político y jurídico abierto entre el Gobierno de España y el Consell de la Generalitat a cuenta de la memoria histórica tiene pocos visos de llegar a resolverse. Sobre todo después de la renovada alianza de intereses políticos entre Carlos Mazón y Vox. Esta semana se ha producido la primera reunión entre ambas administraciones para abordar la posible inconstitucionalidad de la ley de Concordia, el proyecto legislativo que derogaba la normativa memorialista del Botànic y entra en colisión con la legislación estatal. Y terminó sin acuerdo.

El miércoles se produjo el primer encuentro del grupo de trabajo previsto en el marco de la ley del Tribunal Constitucional, y allí el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática expuso “las razones por las que considera que la Ley de Concordia de la Generalitat Valenciana vulnera la Constitución y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y protección e las víctimas”. El Gobierno de España ha emplazado a la Generalitat a contestar antes del 22 de abril. “En caso de no alcanzar un acuerdo, se presentaría el recurso de inconstitucionalidad”, señalan las fuentes gubernamentales consultadas. Las posiciones parecen distantes.

¿1931 o 1936? La política regresa a la trinchera del pasado

Cabe recordar que PP y Vox presentaron en marzo de 2024 la nueva ley de Concordia, dentro del paquete legislativo en que también se aprobaron otras normas polémicas, como la de libertad educativa que está reduciendo el valenciano en la enseñanza, o la de À Punt, entre otras. Era el primer año de legislatura, cuando gobernaban en coalición. Aquel texto cambiaba el paradigma de lo que se ha entendido como memoria histórica en los últimos 20 años en España, poniendo el foco en la segunda república. La ley remonta a 1931 el inicio del periodo a reparar los casos de violencia política o religiosa, equiparando un periodo democrático con la dictadura. El texto obtuvo el rechazo de universidades, científicos y hasta el Consell Valencià de Cultura.

Contra códigos internacionales

El Gobierno, tras su aprobación en verano, puso en marcha la maquinaria administrativa. En su carta a la Generalitat para iniciar las negociaciones, señalaban que la ley de Concordia “interfiere con competencias estatales y no respeta el consenso internacional sobre víctimas de infracciones graves de derechos humanos”. “El concepto de víctima, el derecho a la verdad y el derecho de a la reparación quedan comprometidos con esta Ley”. “Se aprecia la confrontación directa entre esta ley y aspectos importantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Tercera Convención de Ginebra y la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que estableció el estatuto jurídico público de víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, señalaban.

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Renovada alianza PP-Vox

Esta es la distancia que separa ahora mismo ambas administraciones. Tras la ruptura del Consell por la salida de Vox, la dana y el renovado acuerdo entre Mazón y Abascal para la aprobación de los presupuestos, la memoria ha vuelto a ser una de las materias señaladas por PP y Vox. La formación ultra exigía recortes y el proyecto de presupuestos recorta las partidas en materia de memoria. Hay mermas para exhumaciones, incluida la de Fisabio, esencial para las identificaciones. Y se reduce más de la mitad la línea para acabar con los vestigios franquistas.