La Generalitat se persona en la causa de la dana aunque ya la expulsaron de la instrucción del accidente del metro

La Generalitat ha solicitado a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, personarse en la causa que investiga las 228 muertes de la dana. Una decisión que el Consell adopta cinco meses después de la apertura de las diligencias abiertas por los 228 fallecidos y cuatro meses después de que el órgano judicial de Catarroja centralizara todas las diligencias. 

La petición se realiza apenas cinco días antes de la declaración como investigados de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien era su número dos en Emergencias el 29 de octubre, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. 

Por "consejo técnico"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, confirmó ayer la petición de personación en la rueda de prensa del pleno del Consell. Se presentó el lunes, aunque ayer no había sido notificada a las partes. La personación, según explicó Camarero, se formaliza por «consejo técnico» de la Abogacía de la Generalitat y «siempre para defender los intereses de los valencianos». Añadió que en ningún caso tiene como finalidad defender tesis contrarias a las planteadas por la titular del juzgado en sus autos insistió en que «simplemente» se pide «porque así lo establece el criterio» de los servicios jurídicos.

Personación en la causa de Francis Puig

No fue la única personación de la Generalitat de la que se informó ayer. El pleno del Consell también autorizó a la Abogacía personarse como acusación en el procedimiento contra Francis Puig y un hermano Adell Bover por los presuntos delitos de estafa y falsedad en la justificación de 67.503 euros de las subvenciones que obtuvieron sus empresas para el fomento del valenciano. 

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Dos delitos finales distintos a los cinco iniciales

Esta causa se inició en 2019 tras una denuncia del Partido Popular por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la hacienda pública que, tras cinco años de instrucción, derivaron en un presunto fraude de subvenciones del que también se ha desistido porque la cantidad en duda no alcanza los 120.000 euros, para que se pueda considerar fraude de subvenciones. 

A diferencia de la personación en la dana, sobre la acusación en la causa contra los empresarios audiovisuales por las ayudas al valenciano sí se informó en una nota de prensa de la Generalitat. Camarero también explicó que se ejerce este derecho para «recuperar el dinero de los valencianos» y «ante la obligación de la Administración de velar por el cumplimiento de la legalidad, de colaborar con las actuaciones judiciales y de formar parte de los procesos judiciales que se inicien para investigar actuaciones que generen un perjuicio económico a la Generalitat».

43 muertos +47 heridos = 4 culpables

Aunque esta indefinición sobre si será acusación o defensa en la causa de la dana puede costarle su presencia en la instrucción del juzgado de Catarroja. Ya sucedió en la investigación por el accidente del metro del 3 de julio de 2006 en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Entonces Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) fue la tercera en personarse en la causa del metro el 10 de julio de 2006, sólo después de la familia de un fallecido y de la aseguradora Zürich. Aunque «no hizo constar en la condición en la que se personaba, si como acusación o defensa». 

La Audiencia expulsa a la Abogacía de la Generalitat de la causa del metro

Durante los primeros meses de instrucción un letrado del servicio jurídico de FGV fue el que participó en la instrucción, hasta que la Abogacía de la Generalitat tomó las riendas del procedimiento el 7 de marzo de 2007 (catorce días antes del primer archivo de la causa, el 21 de marzo de 2007). 

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Durante la tortuosa instrucción del accidente del metro (que acabó con cuatro exdirectivos de FGV condenados en enero de 2020 por los 43 homicidios imprudentes), la Generalitat se alineó con las tesis de los acusados. Hasta que la sección segunda de la Audiencia de Valencia instó a la Abogacía de la Generalitat, en un auto dictado en septiembre de 2014, a que «aclare, en el caso en el que no estuviere determinado, si la Generalitat actúa como acusación o defensa, puesto que es imprescindible para valorar las pretensiones que realice». Finalmente la Audiencia de València decidió «expulsar a FGV (representada por un abogado de la Generalitat) del presente recurso, por carecer, en este momento, de la necesaria legitimación procesal».