La burbuja de la reforma electoral se vuelve a hinchar en las Corts

La rebaja del listón electoral tiene un paso por las Corts similar al del Guadiana a lo largo de sus casi 750 kilómetros de curso: aparece y desaparece por momentos, siendo hasta un misterio dónde se encuentra su debate, si es que en algún momento se ha cerrado o si sus zonas visibles en tierra son el resultado de otras fuentes. Sea como fuere, la reforma de la ley electoral ha vuelto a otearse en el parlamento autonómico, con una nueva burbuja en la que hasta el PP ha aportado aire como principal novedad.

Los populares se han unido ahora a una posibilidad que llevan rechazando en las últimas legislaturas, en plural, y con visión trasera hasta el siglo pasado incluida. Hasta ahora no se habían mostrado apelados ante las quejas por la altura de la barrera electoral, procedente especialmente de la izquierda, que ha tenido en el 5 % un muro con el que se han chocado en multitud de ocasiones en los 40 años del autogobierno.  

El cambio llega forzado por la presión de Ens Uneix y el peligro del pacto en la Diputación de Valencia. No obstante, las palabras del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ayer ("Estudiaremos todo lo que nos presentan, puede ser una buena estrategia para que otro partido de izquierdas quiera concurrir a las elecciones") no muestran ningún compromiso a aprobarlo, sino su disposición a estudiarlo. O lo que es lo mismo: aire a uba burbuja que lleva hinchándose y deshinchándose de manera reiterativa casi al son de los intereses partidistas de quienes soplan. 

Que se lo digan a Ciudadanos. Su discurso de regeneración democrática les llevó al borde de impulsar la medida en tiempos del Botànic. La izquierda los necesitaba porque se requieren dos tercios de la cámara para cambiar esta ley. Eran momentos de cotas altas para los naranjas que primaron su cálculo al supuesto ideario que los sostenía. Al final de la legislatura pasada, un Ciudadanos en caída se mostró a favor de la reforma, pero su sangría en forma de tránsfugas impidió tener los votos suficientes. 

Así, sea en forma de ILP por la Unió Municipalista, porque el PSPV reviva la iniciativa de 2023 —sin aclarar si la presentará o no— o porque el PP (y por ende, el Consell) ha dado un giro y considera que el 3 % es un porcentaje más justo que el 5 % para tener representación, la reforma de la ley electoral vuelve a ser parte del debate. De si es otra vez una burbuja o un cambio definitivo no solo estarán atentos los impulsores de la plataforma municipalista.  

La lista de beneficiados/perjudicados es más amplia que nunca porque el escenario solo tiende a la complejidad; desde a quién rascaría votos una hipotética candidatura de carácter independiente de Jorge Rodríguez hasta la influencia en la siempre revuelta sopa de siglas del flanco izquierdo (Unides Podem, la suma de EU y Podem, ya se quedaron fuera en 2023) pasando por incentivos a hipotéticos localismos provinciales o el hoy aletargado fenómeno ‘Alvise’. 

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