"PP y Vox quieren desmantelar la ley trans y silenciar al colectivo"

"Si sale adelante, es el mayor recorte de derechos lgtbi de España. Nos quieren hacer retroceder casi 10 años". Así se explica Fran Fernandez, coordinador de la asociación Lgtbi Lambda, sobre las enmiendas que el Partido Popular quiere introducir a la ley trans valenciana que, a su juicio, desmantelan el abanico de derechos desplegado en 2017 con una norma pionera en España y que marcó el camino a la ley trans estatal.

Las enmiendas "suponen una regresión directa en derechos fundamentales" para las personas trans y, especialmente, los menores. El análisis jurídico de Lambda explica que los cambios afectarán gravemente a principios como la igualdad, la dignidad, la participación democrática y el acceso a la salud ya reconocidos en la legislación autonómica, estatal e internacional. De hecho, incluye medidas que podría tumbar los tribunales como ya ha pasado con el Tribunal Constitucional y la ley trans que trató de sacar adelante Ayuso.

"Posiblemente es un pago a Vox para contentarles, pero a costa de hacer más daño al eslabón más vulnerable del colectivo lgtb que son las infancias trans", critica Fernández. En resumen, las enmiendas cercenan derechos y obstaculizan otros añadiéndoles más requisitos burocráticos e informes médicos que, no solo vuelven a considerar a los trans como "enfermos" sino que obstaculizan el proceso.

La ley trans valenciana permite el cambio de nombre de mil personas en cinco años

Menores trans

Los menores trans no se hormonan. Este es el primer punto que desea aclarar Fernández al ser el que más controversia ha estado generando. Los menores trans, o que pueden ser trans, acuden a un servicio público de la Generalitat que es muy anterior al Botànic, donde les recibe un médico. Para empezar, antes de la pubertad no hay posibilidad de tratamiento farmacológico, sólo un acompañamiento con la familia. "Se les dice a los padres que juegue con los juguetes que quiera y que no le pongan normas estrictas de indumentaria", cuenta Fernández.

Ya en la prepubertad, y si el grado de madurez y el médico lo consideran, se pasa a un endocrino que, con consentimiento le inyecta inhibidores hormonales y una mínima dosis de los caracteres sexuales que quiere. En caso de ser mujer, estrógenos. El proceso, resalta Fernández "es totalmente reversible y de hecho se es común que se use con niños que tienen una pubertad precoz, siempre teniendo en cuenta el criterio de la madurez y analizando caso a caso con la familia". Así, con las enmiendas, las pruebas que puede realizar el médico quedan reducidas a tres, en contra del criterio que pueda tener el facultativo.

"Nos parece mal que cualquier otro niño pueda acceder a ese tratamiento que, insisto, es reversible, si lo necesita, pero no un menor trans sólo por ser trans. Se les obstaculiza y le hacemos más difícil el proceso", reivindica Lambda. Por otra parte, denuncia que "las enmiendas plantean que los médicos no puedan actuar en base a su criterio y hacer las pruebas que consideren más oportunas, al contrario, los constriñe".

Los ángeles del universo trans

Silenciar al colectivo

Otro aspecto muy polémico de las enmiendas es la eliminación del Consell Consultiu Trans, un organismo formado por distintas entidades del colectivo cuya función era vigilar que se estuviera cumpliendo la ley trasn y poder hacer recomendaciones a la administración.

Ahora, este organismo se suprime, lo cual a juicio de Lamba es "una pista de las intenciones de la administración con estas enmiendas". Algo especialmente grave para Fernández es que se está tratando de "derogar una ley por la puerta de atrás". "Para cambiar una ley de este calibre se debe pasar por Las Corts y se deben pedir informes que lo justifiquen. Pero como saben que hay muchos aspectos de la ley que ningún profesional podría justificar los están cambiando así, por la puerta de atrás", reivindica.

Delitos y trato digno

Aunque el aspecto de la infancia ha sido el más polémico, hay enmiendas que apuntan directamente a la línea de flotación de la ley de 2017. Por ejemplo, se elimina la obligación que tenían los funcionarios públicos de referirse a las personas trans de acuerdo a su identidad sentida aunque no tengan cambiados los documentos por ejemplo.

Pese a estar legislado, se seguían registrando muchas denuncias, sobre todo en institutos o centros de salud, de funcionarios que se negaban a llamar a una persona trans por su nombre. "Con este cambio el Consell está literalmente amparando y legitimando la transfobia desde la adinistración", critica Fernández.

Las enmiendas también van dirigidas a obstaculizar la denuncia de delitos por parte de personas trans, según Lambda. "En casos de violencia de género, lgtbifobia o incluso en derecho laboral existe la inversión de la carga de la prueba. Eso quiere decir que la víctima tan solo debe presentar indicios y la justicia se encarga de investigar al presunto agresor pidiéndole lo que precise. Esto se hace porque son casos donde es muy difícil denunciar. Pues ahora en el caso de la transfobia ya no será así y la persona trans deberá presentar todas las pruebas necesarias y si no el caso ni siquiera será admitido a trámite. Si ya era difícil que las personas trans denunciaran esto lo complica más todavía", recrimina Fernández.