PP y Vox encauzan en las Corts su hoja de ruta urbanística tras la dana

El Consell saldrá del pleno de las Corts con las herramientas preparadas para afrontar su hoja de ruta de la reconstrucción tras la dana. Es solo un primer esbozo, al que se le añadirá el contenido concreto del Plan de Recuperación (previsto para junio) y los Presupuestos de la Generalitat (finales de mayo), pero los tres decretos-ley que PP y Vox aprobarán este jueves son la preparación previa del terreno, tras un debate que se ha ido caldeando en el hemiciclo, pasando de la unanimidad a acusaciones de que las medidas aprobadas son una "estafa" o ejemplo del "negacionismo".

En concreto, populares y voxistas han asegurado este miércoles su respaldo a la incorporación de 2.400 millones de crédito extraordinario del Gobierno central y la aprobación de dos decretos que tuvieron que ser reconvertidos en proyecto de ley con cambios en urbanismo y en gestión de servicios sanitarios y educativos, a los que PP y Vox, volviendo a mostrar sintonía, han introducido enmiendas, permitiendo, entre otras medidas, que haya instalaciones comerciales y de ocio en zonas no urbanizables o que el personal de las reversiones sanitarias tenga una vía "excepcional" para ser funcionarios.

Y eso que el inicio ha mostrado una imagen poco habitual: la de los cuatro grupos anunciando su apoyo al decreto-ley para incorporar 2.400 millones validados por el Gobierno central para gastos dana. Es auténtico cemento financiero necesario para la reconstrucción. Eso sí, no significa que no hubiera críticas cruzadas, con reproches del PP porque las ayudas del Ejecutivo de Pedro Sánchez no fueran a fondo perdido y críticas de la izquierda por la no ejecución de 400 de los 700 millones previos habilitados por el Estado en 2024. "Se gastó lo necesario", precisó la consellera Ruth Merino.

Menos consenso ha habido en torno a los otros dos decretos-ley; el primero, para la "organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos para dar respuesta a la recuperación", y especialmente en el segundo, de medidas urbanísticas para la reconstrucción, donde la tensión se ha elevado. Ambos fueron aprobados en diciembre, pero han tenido que ser reformulados en proyectos de ley tras la obligación de Vox a que se pasara por el túnel de chapa y pintura parlamentario de las enmiendas.

Este paso no ha sido en balde, con cambios más allá de la emergencia. Entre estas, sobre el primero se ha añadido la posibilidad de que el personal de las reversiones sanitarias tengan una vía "extraordinaria" para pasar a ser funcionarios dentro del sistema público. No es que el proyecto previo convenciera a la izquierda, más bien al revés, pero la enmienda que se ha convertido en la principal queja de la oposición, alertando de que esta "supuesta solución" para 5.000 trabajadores acabará en los tribunales y afeando que se haya hecho "por la puerta de atrás".

Choque en el pleno

Claro que nada que ver con las intervenciones de la tercera de las normas, la relativa a los cambios urbanísticos. Esta es la que más ha mudado su piel, con cambios como que el Consell pueda tramitar proyectos de reconstrucción local (PRL) en los municipios afectados por la dana, permitir todo tipo de usos terciarios, instalaciones comerciales, de ocio u oficinas, en suelo no ubanizable (SNU) común, la eliminación de la suspensión de licencias en los municipios de la dana o construir viviendas privadas en suelo público o dotacional.

La temática es sensible y se ha notado en el tono del debate. Tanto el voxista David Muñoz como el 'popular' Jose Ramón González de Zárate han justificado algunos de los cambios a problemas para la ejecución de obras hidráulicas (recuperando algunos fantasmas como la ley de l'Horta) y han defendido que esta norma "arregla problemas" y "elimina burocracia". "Esta norma se enmarca en el negacionismo y desprotege el territorio", ha replicado la síndica adjunta del PSPV, María José Salvador; mientras la diputada de Compromís, Paula Espinosa, ha criticado que esta ley es "una estafa" que solo sirve "para liberalizar suelo y hacer negocio".

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