El Consell no hace una excepción y borra las grabaciones de las cámaras del Palau del 29-O
La Generalitat comunica que las imágenes de seguridad de la sede del gobierno valenciano han sido destruidas tras ser solicitadas por PSPV y Compromís para aclarar el paradero de Mazón esa tarde
Presidencia se acoge a la ley que regula estas grabaciones, que señala que "serán destruidas en el plazo máximo de un mes" salvo que guarden relación con infracciones o investigaciones judiciales o policiales. En el caso del Palau, las imágenes se conservan actualmente solo 15 días, según un informe de la comisaria

Carlos Mazón a su llegada al Palau, este viernes a primera hora / Rober Solsona/EP

El Consell eliminó las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat de la tarde del 29 de octubre, día de la dana, a mediados de noviembre. Así lo ha reconocido este martes el gobierno valenciano tras conocerse que PSPV y Compromís las solicitaron formalmente para aclarar el paradero del president Carlos Mazón durante las horas críticas, pero que no les han sido facilitadas por la Generalitat, que alega que la ley orgánica 4/1997 que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos establece que deben ser borradas pasado un máximo de un mes.
Esa norma en su artículo 8 estipula que las grabaciones "serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto". Ninguno de esos supuestos se había cumplido en la fecha del borrado, que se hizo en 15 días y no en ese plazo máximo de un mes.
En ese sentido, un informe de la comisaria encargada de la seguridad del Palau leído por la portavoz del Consell esta mañana en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo precisa que actualmente la duración de las imágenes es de 15 días. Presidencia de la Generalitat confirma que el borrado se hizo en ese plazo, por lo que tendría lugar en torno al 12 de noviembre.
El secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras, no es tan claro en su respuesta y se limita a comunicar a PSPV y Compromís que la Generalitat "ha cumplido con lo previsto" en el artículo 8 de la ley 4/1997. Presidencia de la Generalitat ha confirmado con posterioridad que, en efecto, las imágenes del 29-O han sido eliminadas.
Asimismo, Presidencia de la Generalitat tira de antecedentes para demostrar que estos borrados son habituales. Lo hace aportando una respuesta del Botànic al grupo popular en las Corts fechada en febrero de 2023 en las que, ante una solicitud para acceder a las grabaciones del Palau, la jefa de servicio de sistemas operativos asegura que estas imágenes son eliminadas "cuando ha transcurrido un mes desde su registro, en cumplimiento de la normativa de protección de datos".
"Mazón destruye pruebas a martillazos"
Antes de esa confirmación oficial de la eliminación del material audiovisual, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el del PSPV, José Muñoz, habían criticado esta nueva negativa de la Generalitat a aportar información relativa a la agenda de Mazón (ya rechazó aportar su registro de llamada o sus desplazamientos en coche), reprochando la "opacidad" y los "intentos de esconder la información" sobre el paradero y la actividad del president esa jornada. Muñoz ha acusado a Mazón de "destruir pruebas a martillazos".
Uno y otro han expresado su extrañeza ante el hecho de que la Generalitat haya borrado estas imágenes del Palau pero sin embargo sí difundiera la foto de la llegada de Mazón al Cecopi a las 20.28 horas, justo cuando la jueza preguntaba sobre si había concurrido alguna otra autoridad al puesto de mando antes del envío del Es Alert. Ambas formaciones también solicitaron en su día estas imágenes, si bien en este caso la Generalitat no las ha denegado sino que ha solicitado una "prórroga" para aportar la documentación, según Baldoví.
Presidencia de la Generalitat explica al respecto que el Centro de Coordinación de Emergencias es una infraestructura crítica cuyo sistema de videovigilancia está acogido a otra regulación, lo que permite tener acceso a las mismas durante un periodo de tiempo más largo, si bien no concreta de qué ley se trata.
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