El Gobierno recurrirá la ley de Concordia tras fracasar la negociación con el Consell

El futuro de la ley de Concordia de la Comunitat Valenciana se dirimirá en el Tribunal Constitucional. El Gobierno de España ya tiene tomada la decisión de recurrir la norma que aprobaron hace un año en las Corts PP y Vox después de que la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el Consell no haya logrado un acuerdo, que ya de inicio parecía difícil, para modificarla. Ahora será el tribunal de garantías el que determinará la viabilidad de esta legislación que, entre otros asuntos, deroga la arquitectura legal sobre Memoria democrática impulsada por el Botànic.

"La ley de Concordia es una buena ley, vamos a seguir desarrollándola porque es positiva", expresó este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero. La declaración, contundente en favor de la norma llegaba al terminar el plazo dado por el Estado para que la Generalitat plantee algún cambio que evitara su recurso ante el Constitucional. Sin embargo, las palabras de la vicepresidenta primera mostraron que la respuesta del Consell no impediría lo que parecía inevitable: habrá recurso del Gobierno central.

Así lo confirmaron horas después fuentes del Ministerio de Política Territorial. "El Gobierno de España ha hecho lo que siempre hace, y que en la mayor parte de los casos da sus frutos, abrir un proceso de diálogo para intentar que se corrija una ley que vulnera la Constitución, pero no ha servido de nada, porque el Partido Popular está al servicio de Vox, es su chaleco salvavidas", explica a Levante-EMV el secretario de Estado de este ministerio, Arcadi España, una acción que, por su parte, el Consell considera un "ataque" a su "autonomía".

Entre los motivos que justifican este recurso, el Gobierno central apunta a que la ley valenciana podría invadir las competencias estatales en dos asuntos. El primero, indica, es en "cuestiones penales o procesales" donde "se adoptan decisiones que corresponden al legislador penal y al procesal y le corresponden al Estado", como son la equiparación de las víctimas del franquismo con las de la II República o la posibilidad de que la Abogacía de la Generalitat se persone en procesos sobre la materia.

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A ello se añade la "invasión de la normativa estatal y el marco jurídico público del derecho internacional y en consecuencia el artículo 10 de la Constitución". En este se recoge que los derechos fundamentales serán tratados conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y que esta ley podría contravenir el Estatuto de las víctimas al "excluir" el derecho a la verdad, a una reperación pública y a las garantías de no repetición, especialmente al no darse contenidos propios de memoria democrática en el sistema educativo.

"Esta ley vulnera el derecho de las víctimas, no lo decimos nosotros, lo dice la ONU", incide España recordando el informe de tres relatores de las Naciones Unidas de hace un año. Y añade: "Pero han vuelto a demostrar que no atienden a criterios jurídicos que señalan que vulnera la Constitución y el resto de normativa internacional sobre las violaciones de derechos humanos". También alerta que se vulnera el "deber de colaboración con el Estado" en esta materia.

Negociaciones

Por todo ello, pone en el foco el artículo 1.3 en el que se equiparan a las víctimas de la II República con las del franquismo, la relación de derechos de las víctimas del artículo 2; la creación del reglamento recogido en el artículo 5 así como la Unidad Valenciana de la Concordia que es la que "cooperará en el cumplimiento de las obligaciones establecidas" así como las disposiciones que derogan todos los procesos iniciados en materia de memoria democrática, incluida la propia ley autonómica aprobada la legislatura pasada.

La decisión del Constitucional deberá zanjar una polémica que ha acompañado a la norma desde su propia presentación. Eso fue en marzo de 2024 y el PSPV y el Gobierno central ya avisaron de que la llevarían a los tribunales. Su aprobación inició la maquinaria del Ejecutivo central que convocó en otoño, nada más entrar en vigor, una comisión bilateral que, pese haber visto frenada durante la dana, ha alcanzado en abril todos los plazos. Ahora el recurso lo deberá aprobar el Consejo de Ministros y el tribunal de garantías decidir.

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