Paiporta, Sedaví y Catarroja: los alcaldes comienzan a testificar por la dana

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha acordado la citación como testigos de las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat, y Catarroja, Lorena Silvent, así como al primer edil de Sedaví, José Francisco Cabanes. Lo hace a petición de la defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias y uno de los dos únicos investigados junto a su antigua superior, la exconsellera Salomé Pradas.

Será la primera vez que en la instrucción se ponga el foco sobre la actuación municipal, aunque ya se había pedido la declaración de al menos una decena de alcaldes. Por diferentes motivos -ya sea por acción, omisión, por su conocimiento de los hechos o por el contacto con los responsables de la Generalitat, con Mazón a la cabeza, durante esas horas críticas-, el testimonio de los regidores había despertado interés. Los planes de emergencia les conceden competencias, y ese día no se activaron órganos de seguimiento en todos los municipios. En algunos casos se les ha responsabilizado de falta de avisos.

Varios autos de la jueza

Esta es una de las decisiones que ha tomado este jueves la jueza de Catarroja, que ha emitido varios autos, entre ellos uno en el que cita a declarar a prácticamente todo el Cecopi, incluido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la cúpula funcionarial y política de Emergencias de la Generalitat.

Compromís e Intersindical, acusación

Al margen de esto, la jueza, en otros dos autos, ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros. La misma cuantía impone en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa e inadmitirla en relación a Mazón, dada su condición de aforado.

En un quinto auto, la jueza Nuria Ruiz desestima un recurso de reforma contra la decisión de la juez de denegar la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112 por su afectación al secreto de las comunicaciones, mientras que en el sexto deniega la solicitud de investigación realizada por la defensa de la exconsellera sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil. Recalca que el procedimiento «posee un alto interés público».