Más de 30 residencias de mayores protestan ante recortes en las plantillas

Licitaciones sin recortes. Esa es la principal reivindicación del sector de Servicios Sociales, un área que se encuentra fuera de contrato. Hace ya un año caducaron todas las prórrogas posibles, y las residencias y centros de día de mayores, personas con discapacidad, infancia... esperan las nuevas licitaciones como agua de mayo, ya que existe un decreto de homologación salarial que sólo se puede llevar a cabo cuando las licitaciones sean una realidad. Eso significa, por ejemplo, que una enfermera que trabaje en una residencia pase a cobrar lo mismo que una que trabaje en un hospital (es decir, el sueldo aumento de 1.400 a 2.170 euros).

Las empresas que se presenten a estos concursos (son residencias públicas de gestión privada, denominadas centros de gestión integral) ya saben que tendrán que pagar este aumento de salario a los profesionales que ahí trabajan. Por ello, los sindicatos dieron la voz de alarma (la denuncia fue de UGT) cuando comprobaron que el gobierno de Carlos Mazón había aprovechado la ley de Simplificación Administrativa para dar marco legal a la reducción de ratios en las residencias de mayores. Esta ley permite una merma de las plantillas al reducir una tercera parte las ratios de personal que atienden a los mayores. Y ante unas licitaciones que no pueden esperar mucho más --de hecho la propia Conselleria anunció las licitaciones para el primer trimestre del año, algo que no se ha producido-- las plantillas de los centros alzan la voz y han empezado las movilizaciones, ya que hay más de 2.300 trabajadores afectados.

Empiezan las protestas

La primera protesta tuvo lugar el pasado 22 de abril, con concentraciones en las puertas de tres residencias de València, Castelló y Alicante y la participación de trabajadores y usuarios y familias de más de 30 residencias de mayores de gestión integral.

"Llevamos años esperando un aumento salarial digno. Debido a esta situación de precariedad salarial, durante los últimos años, en las residencias hemos tenido que hacer 'malabares' para cubrir las vacantes de personal, sobre todo del adscrito al área sanitaria, dada la importante diferencia salarial existente con el personal de la sanidad pública, lo que provoca que la mayoría de figuras profesionales abandonen su trabajo en residencias en cuanto reciben una oferta laboral del sector público", aseguran en el manifiesto de protesta. Y añaden: "A día de hoy, nuestro convenio establece unas tablas salariales en las que algunas categorías profesionales, en jornadas completas, perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ocasiona que personas trabajadoras quedan situadas bajo el umbral de la pobreza".

Más sueldo para una plantilla insuficiente

La protesta visibiliza el malestar y la preocupación del sector porque si en los nuevos contratos se aplican las ratios contempladas en la ley de Simplificación "se produciría un recorte drástico en las plantillas profesionales de las residencias y centros de día de carácter sociosanitario, sobre todo para las figuras de enfermería y servicios generales, lo que tendría consecuencias negativas significativas en la calidad de la atención, el bienestar y la dignidad de las personas mayores en centros de gestión integral. Tememos, ante la posible aplicación de criterios de 'simplificación', las repercusiones negativas que tendría tanto para las personas usuarias del servicio como para el personal que lo presta. Somos un sector esencial, y exigimos ser tratados con la dignidad que merecemos, y no se nos debe seguir ignorando". 

Los trabajadores y trabajadoras implicados en las protestas exigen a la administración que cumpla con el compromiso adquirido hace dos años, junto a la patronal y los sindicatos, mediante la firma del convenio laboral vigente. "Y seguiremos saliendo a la calle. No daremos un paso atrás hasta que se reconozcan nuestros derechos, y estos pasan por la publicación ya de las nuevas licitaciones de los centros, y sin recortes", concluyen.