À Punt se queda sin servicio de Documentación al carecer de personal propio

El traumático fundido a negro de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) en 2013 por orden del Consell de Alberto Fabra ha resucitado 12 años después en un epílogo que ha dejado a À Punt sin servicio de Documentación. El personal que trabajaba en dicha unidad en el centro de producción de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa) en Burjassot, que desde el pasado jueves se ha reducido casi a la mitad al pasar de 15 a 8 documentalistas, depende del Institut Valencià de Cultura (IVC). Según han asegurado a Levante-EMV trabajadores de dicho servicio, el IVC les ha ordenado "centrarse exclusivamente en la digitalización del archivo audiovisual histórico de RTVV y dejar de documentar los nuevos fondos audiovisuales que genera À Punt" como venían haciendo hasta ahora gracias a un convenio firmado en 2018 que expiró en 2022.

Añaden, que al carecer À Punt de una Unidad de Documentación propia, desde el pasado 17 de abril todo el material audiovisual que genera a diario la cadena pública "al no haber personal que lo gestione, solo se guarda lo que entra de forma automática en el archivo; que es lo que se emite por antena con los rótulos incluidos, con lo que todos los archivos que hay que introducir manualmente como las grabaciones en bruto de las cámaras o las piezas sin rótulos de los informativos no se están guardando y es un trabajo que se pierde". Tampoco se realizan las tareas de control de calidad ni se completa la documentación del material archivado de forma automática, lo cual dificultará la búsqueda y reutilización futura de dicho material no solo por parte de la propia À Punt sino también su cesión o venta a terceros.

Negociación con Presidència

Tanto fuentes de Cacvsa como de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, de la que depende el IVC, admiten estar en conversaciones junto con Presidencia de la Generalitat para resolver el problema. "En estos momentos, tanto desde Cacvsa, como desde el IVC, se está trabajando para buscar una solución factible jurídicamente que permita cubrir los servicios necesarios para el habitual funcionamiento de À Punt", explican desde la empresa pública que gestiona la cadena. Desde el departamento del conseller José Antonio Rovira añaden que "se están explorando todas las vías para lograr un mecanismo que siga posibilitando el trabajo con los archivos y su conservación". 

Un vídeo muestra lo que no se vio del cierre de RTVV

El embrollo legal arranca desde el mismo cierre de la primera televisión pública valenciana, cuando para evitar la pérdida de su enorme patrimonio audiovisual el Consell acordó que los trabajadores de la Unidad de Documentación de RTVV y su archivo audiovisual pasaran a depender del actual IVC. Con la puesta en marcha de À Punt en 2018 con el Consell del Botànic, el IVC y la empresa pública que gestiona dicha cadena, que desde marzo ha pasado a llamarse Cacvsa, suscribieron un convenio de cuatro años, con una posible prórroga de otros cuatro años que nunca se formalizó, que permitía a À Punt el uso del archivo documental de la extinta RTVV a cambio de que el personal del IVC que lo gestiona siguiera utilizando las instalaciones y medios de Cacvsa en Burjassot, documentando también e incorporando al archivo el material audiovisual de la nueva cadena pública.

Traslado de 7 documentalistas

Fuentes de Cacvsa explican que el equipo de Documentación dependiente del IVC en Burjassot estaba formado por 17 personas (15 documentalistas, 1 operadora de equipos y 1 auxiliar administrativo) y "en los últimos meses, 7 de los documentalistas han superado el proceso de estabilización convocado por el IVC para convertirse en personal laboral fijo por lo que, una vez firmado el contrato, han tenido que ocupar su puesto en una sede de trabajo del IVC". La conselleria también reitera esta explicación a los siete traslados: "Se trata de personal recientemente estabilizado, por lo que debe incorporarse a su lugar de trabajo en el IVC". 

Respecto a la orden de no seguir archivando los fondos de À Punt, documentalistas del IVC afectados explican que ante la falta de un acuerdo marco que regule los servicios que prestan a la nueva televisión pública, "desde el IVC nos dicen que estamos ante un caso de cesión ilegal de trabajadores que jurídicamente no se puede prolongar, pues pese a ser personal del IVC estamos trabajando para À Punt, en sus instalaciones y con sus medios y equipos". Alertan de que, "aunque la conservación de los fondos históricos de RTVV no peligra, ni tampoco el archivo audiovisual creado en estos siete años por À Punt, la decisión de excluirnos de la gestión de los nuevos fondos pone en riesgo el archivo audiovisual que genere a partir de ahora la televisión pública valenciana".

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"El archivo de À Punt debe gestionarlo À Punt"

Desde la Conselleria rechazan que el IVC haya dado instrucciones a sus 7 documentalistas en el centro de producción de Cacvsa en Burjassot de no trabajar para À Punt al recalcar que "no se han dado instrucciones en ese sentido". No obstante, reiteran que "la labor de este personal documentalista del IVC es la gestión del archivo histórico de la extinta Canal 9". "El archivo de À Punt, en tanto no disponga otra cosa el Consell del Audiovisual, debe gestionarse por À Punt", concluyen.

Ante la pregunta de sí Cacvsa va a crear una unidad de Documentación propia en À Punt y dotarla con personal suficiente, como reclaman desde UGT, la empresa pública responde "ahora mismo están abiertas todas las opciones, pero no depende sólo de Cacvsa. Estamos hablando con IVC y Presidencia para llegar a un acuerdo que permita seguir con el servicio de Documentación".