El 'apagón' autonómico: la Generalitat cede al Estado el control de una crisis por primera vez en la historia
A diferencia del 29 de octubre con la dana, el Consell ha reclamado la emergencia nacional, un movimiento alineado con las críticas al Gobierno de Feijóo y las principales autonomías del PP

Grande-Marlaska y Carlos Mazón, en el Cecopi, en noviembre. / Jorge Gil/E.P.

El histórico apagón que ha vivido la península ibérica el 28 de abril de 2025 deja en la C. Valenciana un momento inédito en materia administrativa, muy condicionado también por el momento político: la Generalitat Valenciana ha cedido por primera vez al Estado, desde que existe la autonomía, la dirección de una crisis de seguridad. Aunque fuera apenas durante 20 horas. A las 22.44 de la noche del lunes, el pleno del Consell, a propuesta del conseller de Emergencias e Interior, reclamó al Gobierno de España la declaración de la situación de “emergencia de interés nacional”. Lo hacía con la solución de la crisis ya encarrilada y con el suministro recuperándose. Minutos después, pasadas las 23 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmaba el decreto que le convertía en máxima autoridad, y en su nombre, a la delegada del Gobierno.
¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Por qué lo hace Mazón ahora y no lo hizo en la dana, una crisis brutal con 228 muertos, problemas de seguridad, humanitarios, de salubridad, con la administración autonómica claramente desbordada? Según la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, hay tres escenarios para declarar la emergencia de interés de interés nacional: las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico; y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
Esta declaración de interés nacional corresponde al ministro del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas. El segundo motivo es el que alegó el president Carlos Mazón la noche del apagón para pedir elevar el nivel: una “situación que afecta a todas las comunidades autónomas y para garantizar la mejor coordinación entre todas”.
En términos administrativos, más que un reconocimiento de incapacidad autonómica para afrontar una situación es una previsión que forma parte de la lógica del modelo de estado compuesto, una fórmula ante una eventualidad que requiere coordinación de recursos que solo tiene el estado o afecta a diversas autonomías y requiere coordinación ‘desde arriba’. Un instrumento razonable, apunta el profesor titular de Derecho Administrativo de la UV, Andrés Boix. “La cuestión es si tiene sentido”, se pregunta tras esa petición, cuando ya se veía la luz al final del túnel y todos los recursos necesarios del estado ya estaban sobre la mesa.
“Con la emergencia nivel 2, donde el estado ya pone a disposición todo lo que necesita una autonomía parece que era suficiente. Ha habida una dinámica un poco política. Una cosa es que afecte a toda España y otra que sea preciso recentralizarlo todo. Creo que no era el caso. El día del apagón se necesitaba protección ciudadana, con las fuerzas que dependen del Estado, y facilitar recursos como generadores, diésel, etc. Cuestiones de intendencia que con nivel 2 podías gestionar”, añade. “No creo que haga falta la coordinación supra autonómica para garantizar que todo vaya bien, por el tipo de respuesta que se estaba requiriendo”, añade.
Catarata de peticiones de los barones
La sucesión de peticiones de los barones del PP, sumado a las críticas del presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, parecen lanzar un mensaje, más ligado al clima de desconfianza política entre los dos grandes partidos que a las necesidades de las autonomías. La Rioja, Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunitat Valenciana, la mayoría baronías populares, son las ocho comunidades autónomas que han solicitado al Gobierno el estadio tres de emergencia por el apagón general. “Creo que ha sido consigna del PP nacional, una forma de decir que es una cuestión estatal, por una materia que es competencia del Gobierno, que es la red eléctrica. ‘Vamos a dejar claro que ha afectado a toda España y es responsabilidad del estado’. Creo que ha ido en esa línea”, señala Boix.
Es una idea que está tratando de dejar clara el líder del PP, Núñez Feijóo, presionando al Gobierno por no haber pedido esta figura por iniciativa propia. Fueron también los argumentos que mantuvo este martes la portavoz del Consell, Susana Camarero: “Lo normal es que hubiese sido el Gobierno” el que decretara este nivel de emergencia, por dos motivos: porque la afección era al conjunto del territorio y porque el origen de la emergencia fueron los operadores de redes nacionales, y los que tenían la información por tanto eran los organismos nacionales, dijo. Justifica que se pide “para asegurar la coordinación entre todas las comunidades autónomas”. Y recuerda: es el gobierno el que tiene que garantizar que no se vaya a producir una situación como la de ayer.
Diferencia con la dana
El mismo argumento, el de la emergencia en todo el territorio (o en varias comunidades), es el que sostenía el PP nacional las primeras horas de la dana para exigir que el Gobierno asumiera la gestión. Entonces, el Consell de la Generalitat se enrocó. Nunca se pidió al estado la declaración del nivel 3 de emergencia. Ni siquiera se declaró el máximo nivel de emergencia que permite la legislación autonómica, la emergencia catastrófica. De hecho, fue la Generalitat la que reclamó que los recursos del Estado se pusieran bajo su dirección, y no al revés.
Para la portavoz del Consell, “nada tiene que ver el apagón generalizado en todo el territorio [nacional] con la situacion de la dana”, despejó Camarero, sin más explicaciones, este martes. Eso sí, Mazón fue el que más se pensó pedir a Marlaska la declaración de emergencia de interés nacional. Casi a las once de la noche del día del apagón. Quizá pesaba el recuerdo de los precedentes: la oposición le recordaba ayer la contradicción con su actuación del 29-O.
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