"Hay que prohibir los vientres de alquiler igual que el trabajo infantil"

La gestación subrogada, práctica también conocida como vientre de alquiler, está prohibida en España por la ley sobre técnicas de reproducción asistida. Además, la ley del 'solo sí es sí' lo considera una forma de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, desde 2006 se han inscrito 154 niños nacidos por esta práctica en los Registros Civiles españoles, en cumplimiento de una resolución judicial extranjera. Esa es la vía que, hasta ahora, encontraban las personas (o familias) que acudían a esta práctica para "legalizar" a sus bebés.

Para dificultar esta posibilidad, el Gobierno ha dictado una nueva instrucción, que se publica hoy en el BOE, destinada a impedir el registro en España en virtud de sentencias extranjeras, con el fin de disuadir a parejas españolas de contratar a agencias que faciliten esta posibilidad y, por tanto, "hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler en España", según explica el Ministerio de Justicia.

Desde la Coordinadora Feminista de la Comunitat Valenciana aplauden la instrucción del ministerio porque es "un paso más en el camino", pero lamentan que esta lucha "no se aborde de forma conjunta y concienciada, desde todos los países y gobierno para perseguir y erradicar los vientres de alquiler igual que se ha perseguido y se persigue el trabajo infantil".

"Es una compra de bebés"

"En nuestros manifiestos, años tras año, exigimos medidas contundentes contra los vientres de alquiler y la compra-venta de óvulos. Ya está bien del tráfico de personas, siempre con las mujeres (pobres) en el centro de la explotación. Hemos llegado a extremos en los que hay clínicas que te garantizan que, si se muere el bebé... te dan otro. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Hay bebés que nacen con problemas y sus 'compradores' ya no los quieren y los dejan en el lugar donde nacieron... Tremendo y terrible. Y los llamo 'compradores' porque hay que llamar a las cosas por su nombre, y eso es lo que son", explica Cándida Barrosa como portavoz de la Coordinadora Feminista.

Y añade: "Es un problema del primer mundo, que afecta a mujeres empobrecidas y vulnerables, en el primer mundo y en el tercer mundo. Porque si en Estados Unidos una apendicitis puede suponer el pago de 60.000 dólares, hablamos de que familias sin la cobertura médica adecuada puedan ver la posibilidad de que el útero más joven de la familia les pueda sacar de la pobreza o ayudar en esos pagos. Hay que prohibir esta práctica ya, en todos los países y de todas las maneras posibles. Perseguirla y erradicarla. Aplaudimos la medida del Ministerio de Justicia, pero queda tanto por hacer que debemos ser implacables".

Evitar "la trampa"

Así, en España a partir de ahora, solo se podrá formalizar la inscripción de un bebé siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación por vínculo biológico o por adopción. Hasta ahora, los niños nacidos por vientre de alquiler en el extranjero podían ser inscritos en el Registro Civil español si se cumplían ciertos requisitos formales, como la presentación de una resolución judicial de un tribunal que garantizara la eficacia legal del consentimiento prestado o la obtención del 'exequatur' (reconocimiento a una sentencia o laudo dictada en otro país).

Con la nueva instrucción, según el Gobierno, el régimen registral se adecuará a la histórica sentencia del pleno del Supremo del pasado diciembre. En ella, por primera vez, se negaba el 'exequatur' a una resolución judicial norteamericana que validaba un contrato de gestación subrogada argumentando que era nulo y contrario al marco legal español.