Alicante precinta los primeros asentamientos ilegales en zonas inundables

Llegan los primeros precintos a obras ilegales llevadas a cabo en zonas inundables de las partidas rurales de Alicante. Tras dos años de denuncias vecinales por un problema que empezó a intensificarse en 2022, el Ayuntamiento de Alicante y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) anuncian avances en la lucha contra estas infracciones urbanísticas.

Según han informado fuentes municipales y de la Conselleria de Medio Ambiente, ambas administraciones han mantenido un encuentro en la capital de la provincia para tratar de atajar el problema a la mayor brevedad posible.

En el encuentro, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el director de la AVPT, Santiago Gambín, han firmado un protocolo de actuaciones ante infracciones graves o muy graves, que contempla «todo tipo de irregularidades urbanísticas cometidas en suelo no urbanizable», haciendo especial hincapié en aquellas que se cometan en suelo catalogado como inundable.

Medidas pactadas

En este sentido, el Consejo de Dirección de la AVPT ya acordó, a petición del regidor alicantino, la priorización de expedientes que se ubiquen en áreas con niveles de peligrosidad 1, 2, 3 y 4, según el Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) de la Comunidad Valenciana.

Por el momento, la Concejalía de Urbanismo que dirige Rocío Gómez ha trasladado a la AVPT un total de 23 expedientes por irregularidades en suelo no urbanizable, 10 de los cuales han incorporado decreto municipal de suspensión de obra.

El organismo autonómico por su parte, tras incoar los procedimientos de restauración de la legalidad y ratificar las órdenes de paralización de obras, acordó el precinto de las obras que no han acatado la paralización.

Respecto al acuerdo, el documento establece que el Ayuntamiento de Alicante dictará, si procede, actuaciones previas como la suspensión de obras mediante decreto de la concejala de Urbanismo. Por su parte, la AVPT facilitará y mantendrá actualizados los modelos oficiales para el levantamiento de actas de denuncia e inspección y ratificará las medidas de suspensión cautelar de paralización adoptadas por el Consistorio.

Ambas administraciones se comprometen además a la creación, mantenimiento y alimentación de una base de datos conjunta que facilitará el acceso a la información y el estado de los expedientes.

Para la responsable municipal de Urbanismo, Rocío Gómez, «garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad son objetivos comunes del Consell y del Ayuntamiento», por lo que este protocolo «agiliza las actuaciones encaminadas a conseguirlos».

Garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad son objetivos comunes del Consell y del Ayuntamiento

Rocío Gómez

— Concejala de Urbanismo (PP)

La edil popular considera que el acuerdo «refuerza las actuaciones que ya se están llevando a cabo para el control y el desmantelamiento de asentamientos en suelo no urbanizable, con especial atención a los establecidos en terrenos inundables».

Los vecinos piden más

Por su parte, los residentes de las zonas afectadas piden ir más allá. Pese a que reconocen que se están dando pasos desde las administraciones, creen que estos están siendo demasiado lentos.

Este problema está devaluando y degradando la convivencia en las partidas rurales con amenazas a los vecinos

José Cremades

— Presidente A. VV. Cañada del Fenollar

Mientras se completa la tramitación, que se inició en 2022 con las primeras denuncias vecinales, «el problema está devaluando y degradando la convivencia en las partidas rurales con amenazas a los vecinos», según el presidente de la asociación de residentes de La Cañada del Fenollar, José Cremades.

El representante vecinal insiste en que muchas de las parcelas denunciadas continúan con su actividad irregular y que, por el momento, los expedientes no han derivado en el desmantelamiento completo de ningún asentamiento.