Vox condiciona al Consell con una partida para forzar el retorno de personas migrantes

La inmigración fue uno de los puntos sobre los que Carlos Mazón asumió el discurso de Vox en el anuncio del acuerdo para los presupuestos y ahora esas palabras se han de volver números y partidas concretas. Un mes y medio después de la exhibición de aquel pacto, los voxistas vuelven a estirar las costuras y presionan ahora vía enmiendas, 132 en concreto, condicionando su apoyo a recortes en la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la promoción al valenciano, entidades culturales, las ayudas a sindicatos o, por supuesto, la inmigración y la cooperación internacional.

El partido de extrema derecha ya había advertido el sentido de estas, y ahora les ha puesto concreción, nombre y cifras con damnificados como la Acadèmia Valenciana de la Llengua, los sindicatos UGT y CCOO PV, entidades y fundaciones culturales como Bromera, Max Au o las muixerangas o las oenegés dedicadas a cooperación internacional. Hasta qué punto estas enmiendas son la segunda parte al pacto anunciado en tiempo fallero se verá en las votaciones posteriores del PP.

Hay asuntos que ya parecían acordados, en un juego de doble platos donde el Ejecutivo autonómico mostraba su cara moderada en el proyecto financiero mientras los cambios quedaban para el segundo plato vía parlamento. Ahora falta saber el nivel. Vox, de momento, presume de influencia y asegura que el 98 % de las 132 enmiendas registradas están acordadas con el Ejecutivo autonómico. El Consell se había puesto de perfil en los temas que pedían los de Santiago Abascal y reivindicaban la letra del proyecto presupuestario, que apunta a cambios.

Por cuantía, es el tema migratorio y de cooperación internacional el que más recorte sufriría en caso de que las enmiendas de Vox recibieran el visto bueno del PP. En total, 22 millones de euros de los 73 previstos, un 30 %, en programas dedicados a ayuda humanitaria o proyectos en el exterior a los que la formación ultra pide dar un nuevo destino: desde el impulso exterior a empresas hasta cprogramas de apoyo a la dana o a mujeres embarazadas. 

Aunque la más llamativa son los 5,5 millones que se gastarían en el «fomento del regreso de ex menores tutelados a su continente de origen», que salen precisamente de ayudas a jóvenes en otros países. Es la plasmación presupuestaria del ideario ultra de los voxistas en una materia sensible como es la migración y sobre la que tiene las competencias el Gobierno central y, en concreto, el Ministerio de Interior. Esta partida supondría que la Generalitat se pusiera a gestionar vuelos de deportación.

Las cuantías económicas afectan a varias convocatorias en temas como ayuda humanitaria ante catástrofes internacionales o los 'consorcios de cooperación', una figura creada por el actual Consell. Pero también cambia la letra de los convenios, adoptando las tesis de la extrema derecha. Uno de ellos, de hecho, afectaría al convenio programa con las Naciones Unides al que le pide actuaciones para fomentar las oportunidades de los jóvenes en Mauritania y Senegal "impulsando la vuelta a su continente de origen a los extranjeros residentes".

Recorte a los sindicatos

Dentro de la batalla cultural lanzada por Vox vía presupuestos tiene su propio escalón los sindicatos. Estos también sufren recortes respecto al presupuesto planteado inicialmente por el Consell. En concreto, y según las enmiendas a las que ha tenido acceso este periódico, son 420.000 euros (210.000 cada uno) que perderían tanto UGT PV como CCOO PV, un 30 % de lo que tenían previsto recibir en las cuentas por formación, planes de igualdad y representación institucional. Falta ver si este recorte afecta también a la patronal.

Asimismo, Vox ha planteado seis modificaciones parciales para la Acadèmia Valenciana de la Llengua, un organismo recogido en el Estatut d'autonomia, impulsado en tiempos del gobierno de Eduardo Zaplana y en el que Vox no cree, que supondrían una reducción de 829.000 euros. Este recorte se sumaría a los 900.000 que ya realizó el Consell en sus proyecto de cuentas por lo que de aprobarse los recursos de esta institución pasarían de 3,8 millones a poco más de la mitad.

Este recorte iría destinado, entre otros asuntos, a fomentar entidades que no se acogen a las normas de esta institución como Lo Rat Penat. De hecho, este organismo recibiría 200.000 euros para reformar su sede, una cuantía que sería restada de los gastos de personal de la Acadèmia de la Llengua. También recibirían parte de estos presupuestos la Universidad CEU San Pablo, la Associació d'estudis de cant valencià o cuatro ayuntamientos (Oropesa, Xirivella, Sant Vicent del Raspeig y Elx, todos con gobiernos de la derecha) para realizar jornadas sobre el "Reino de Valencia y la cultura valenciana".

El recorte presupuestario en temas lingüísticos suma, además, otro medio millón de euros que iba destinado a la promoción del valenciano y que se pasaría a subvenciones a las ampas. Asimismo, también plantea recortes de 100.000, 30.000 y 30.000 euros a la Fundació Full, la Fundació Bromera y la Fundació Max Aub, en total, 1600.000 euros que irían a una línea de nueva creación de fomento de la lectura así como una rebaja también de 15.000 euros tanto para la Federación de Muixerangues como la de Dolçainers i Tabalers que serían destinados al Museo de la Naranja.

La izquierda, casi 4.000

Más han presentado, en cuantía, los partidos de la izquierda. El récord se lo lleva el PSPV que ha registrado 3.339 enmiendas. Entre ellas, destacan las propuestas de que los altos cargos de la Generalitat con responsabilidad en la materia de emergencias reciban formación en la materia, que se prorrogue de forma indefinida el abono de transporte gratuito para los afectados por la dana hasta que se culmine la recuperación de las zonas afectadas, así como la puesta en marcha de un plan especial de 80 millones de euros para que las empresas, autónomos y sectores productivos puedan hacer frente a la guerra arancelaria de Trump.

Por su parte, Compromís ha presentado un millar de enmiendas entre las que destacan medidas como una subida salarial de unos 200 euros para docentes, la ampliación de las plantillas de los centros de salud con la contratación de 300 enfermeras escolares, 200 enfermeras comunitarias, 100 psicólogas, 50 nutricionistas y terapeutas ocupacionales. Además, reclama la recuperación del plan Convivint de infraestructuras de servicios sociales, denunciando que “el gobierno del PP ha excluido ayuntamientos por motivos sectarios”.

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