El Consell se reafirma en su negativa a acoger a 500 menores migrantes

"No tenemos capacidad para acoger a 500 menores y no lo vamos a hacer porque sería hacinar a los que ya tenemos en el sistema de protección". Así lo ha asegurado hoy la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la puerta de un centro de menores donde ha atendido a la prensa para explicar su negativa al real decreto que prevé el Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de 4.000 migrantes menores de edad, y con el que la Comunitat Valenciana no piensa cumplir. 

Para ello ya ha presentado un recurso por “invasión de competencias” que ahora estudia el Consell Jurídic Consultiu. 

"Este centro se puso en marcha en julio y tiene capacidad para 67 personas. Ya son más de 77. La solución que plantea Sánchez es un parche que no soluciona el problema y sólo responde a los intereses de los separatistas de Junts”, ha explicado Camarero, quien ha calificado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia (celebrada ayer en Madrid) de “una burla a las comunidades autónomas". "De entrada fue convocada de forma ilegal, ya que no era para tratar un tema de urgencia, sino para abordar un problema que data de 2019. Y además se produjo de forma autoritaria, ya que ante un punto que debía ser votado (porque nos afectaba directamente) se nos impidió el voto a las comunidades autónomas", ha explicado Camarero.

"Es inviable, imposible y un atraco"

La conferencia sectorial tenía por objeto que las autonomías avalaran el decreto que establece el reparto de 4.000 migrantes menores no acompañados llegados a Canarias. A la Comunitat Valenciana le corresponde acoger a 500 menores, pero el Consell no está dispuesto a acatar esa normativa. "Los criterios que establecen el reparto son políticos y han sido aprobados de forma unilateral. La Comunitat Valenciana no puede absorber 500 menores. Es inviable, es imposible y es un atraco. Pretenden cargarse el sistema de protección que hoy tenemos. Hoy estamos al 160% más de ocupación y sería ponerlos al 300%, lo que provocaría el hacinamiento y la pérdida de dignidad de los que hoy ocupan nuestros centros", ha explicado la consellera, tras recalcar que el sistema de protección ha crecido un 66%.

Camarero ha sacado pecho del sistema de protección actual y de la "solidaridad" que siempre ha caracterizado a la Comunitat Valenciana. "Hemos sacado plazas, hemos creado plazas y hemos arreglado los 12 centros de menores que hay y que el Botànic tenía en estado lamentable. Más de 20 millones invertidos en esta legislatura. Y ahora nos llaman racistas quienes tuvieron bajo mínimos los centros de acogida. ¿Qué pretenden PSPV y Compromís? ¿Que hacinemos a los menores?, ¿que no tengan las prestaciones que hoy les damos? Porque las entidades que gestionan estos centros nos dicen que no hay infraestructuras para atender a 500 menores más, que no hay personal y que tampoco hay presupuesto", ha explicado Camarero, ya que el Gobierno "nos obliga a asumir determinado reparto, pero sin indicar si va a ir acompañado de financiación".

Ni plan de emancipación ni solución a la crisis

Del mismo modo, Camarero ha criticado que el Gobierno "deje tirados a los menores en cuanto cumplen los 18 años" porque "carece de política de emancipación, mientras que la Comunitat Valenciana sí ofrece recursos de emancipación": "Cuando llega la mayoría de edad y llega la realidad, nos encontramos con menores sin casas, sin trabajo, sin papales y en la marginación social por no darles atención, planificación y seguimiento".

Por todo ello, la consellera ha insistido en que "este Gobierno no puede incumplir de forma permanente su responsabilidad y, al mismo tiempo, pretender que las comunidades autónomas asuman las políticas migratorias". Por ello, ha rechazado el reparto propuesto "no por falta de solidaridad, sino por sentido común, por responsabilidad y porque no se va a permitir que se juegue con la dignidad de los menores que ya hay acogidos en nuestro sistema".

Respecto a que el Tribunal Supremo instara al Gobierno a hacerse cargo en diez días de unos mil menores solicitantes de asilo en Canarias, Camarero se ha cuestionado "cómo es posible que un Gobierno no tenga capacidad para acoger a estos menores y quiera imponer a las comunidades autónomas que acojan a un número importante de menores". "El Gobierno de Sánchez puede incumplir permanentemente su responsabilidad y buscar que las comunidades autónomas se hagan cargo de su incompetencia", ha criticado.