El Consell reducirá la "burocracia" verde para "no dilatar inversiones" empresariales

La Generalitat avanza en la desregulación administrativa, o "simplificación" en el lenguaje del gobierno de Carlos Mazón. El Consell ha aprobado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, que modifica tres normas autonómicas: la ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, la ley de tasas y la ley de protección contra la contaminación acústica. Una legislación que se impulsa, en palabras del conseller de conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para "no dilatar inversiones por motivos burocráticos".

Martínez Mus, en su comparecencia posterior al pleno del Consell que dio luz verde a este decreto ley (que ahora inicia su tramitación en las Corts), ha explicado que la norma "obedece a un problema: el importante volumen de tramitaciones de autorizaciones ambientales integradas (AAI), que es un permiso fundamental para desarrollar cualquier tipo de actividad, especialmente las más industriales" que "está tensionando la capacidad" de la Generalitat "de asumir todo este tipo de tramitación debido también al interés que genera nuestro territorio para las nuevas inversiones".

Así, ha señalado que "hay centenares de industrias y, por tanto, miles de trabajadores" pendientes de un trámite que "es necesario que sea más ágil", porque una posible inversión industrial "no puede ni debe esperar años para desarrollarse, y por eso debemos tratar de no dilatar inversiones por motivos burocráticos".

De este modo, ha justificado estos cambios en la necesidad de abordar diversos aspectos fundamentales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector en el marco del Plan de Simplificación Administrativa de la Generalitat.

En este sentido, se busca "ajustar los tiempos de tramitación administrativa, adaptándolos a las necesidades actuales del sector productivo, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas que permitan agilizar los procesos de autorización". Asimismo, se pretende "facilitar una mayor rapidez en la aprobación de proyectos, sin que ello implique comprometer las medidas preventivas esenciales".

Por otro lado, las modificaciones que introduce el decreto también "están enfocadas a fortalecer la protección del entorno natural" y "hacerlo compatible con el desarrollo económico", según amplió la Generalitat. Se pretende regular de manera "más efectiva" la compensación y reversión de los impactos en el medio ambiente y en la sociedad derivados de los proyectos sometidos a evaluación, promoviendo así un desarrollo más responsable y sostenible.

De licencias a declaraciones responsables

La Ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana que coordina los trámites de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la evaluación de impacto ambiental es la principal norma que será reformada. En concreto, el nuevo decreto ley "agilizará el proceso para que las actuaciones pasadas y futuras estén en consonancia con las autorizaciones administrativas y las declaraciones de impacto ambiental, evitando así un posible limbo jurídico y facilitando la regularización de proyectos".

Del mismo modo, ha destacado que con esta modificación se pretende también actualizar la vía sancionadora de modo que, cuando un proyecto se haya ejecutado sin la evaluación ambiental correspondiente, además de la sanción económica, se imponga "la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente a través de los procedimientos previstos en la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental".

En segundo lugar, el decreto establece que las actividades de uso hospitalario y educativo, al tener carácter esencial y con escasa incidencia ambiental, pasarán a regularse mediante una declaración responsable para agilizar los diferentes procesos.

Áreas "de transición acústica"

Por su parte, la Ley de Simplificación Administrativa ha ampliado las entidades autorizadas para emitir la Certificación Documental Acreditada, facilitando los trámites de las AAI, y yendo más allá del enfoque inicial que limitaba esta certificación a los colegios profesionales para agilizar todo el proceso.

Como consecuencia, es necesario modificar la Ley de Tasas para extender las bonificaciones en las cuotas de los servicios administrativos de intervención ambiental a otras entidades colaboradoras.

Por último, el decreto también introduce cambios en la Ley de protección contra la contaminación acústica para solucionar conflictos y duplicidades que afectan la eficiencia administrativa.

Con la nueva norma se impulsa la creación de zonas de transición acústicas entre usos diferentes, con posibles exenciones en áreas más sensibles si se cumplen condiciones específicas. En determinadas zonas industriales se podrá también evaluar el ruido de forma conjunta, compartiendo la responsabilidad entre todas las actividades implicadas.