PSPV, Compromís, Sumar, Podemos, EU y ERC recurren al Constitucional el decreto de l'Horta del Consell

El PSPV, Compromís, Sumar, Podemos, Esquerra Unida y ERC han presentado esta mañana el recurso al Tribunal Constitucional que han presentado contra el decreto ley del Consell que preside Carlos Mazón que ha modificado por la vía de urgencia la ley de l’Horta de València y el plan de acción territorial (PAT) de ordenación y dinamización de este mismo espacio agrícola protegido, en vigor desde el 6 de febrero.

Salvador y Soler (PSPV): "El PP usa la dana como excusa para desproteger la huerta y a las personas"

Las seis formaciones han presentado la iniciativa en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. La secretaria de Ordenación del Territorio y desarrollo sostenible del PSPV-PSOE, María José Salvador, y el diputado por Alicante en el Congreso de los Diputados, Alejandro Soler, han alertado de que el PP utiliza la dana "como excusa para desproteger la huerta y a las personas, incrementar el riesgo y reducir su seguridad". Salvador ha explicado que el Consell de Mazón ha modificado por decreto la ley de l'Horta basándose en "falsedades", y ha criticado la "grave irresponsabilidad" del PP y Vox al respaldar estas medidas" que suponen "una involución y una contrarreforma" en materia de urbanismo , que "desprotege" a los valencianos. Soler ha señalado que el PP utiliza la dana "para hacer negocio sobre una terrible tragedia y usarla como excusa para facilitar la construcción" en la Comunitat Valenciana, y ha insistido en que "el PP está volviendo a la senda del urbanismo salvaje con el único interés de hacer negocio".

Micó (Compromís): "El decreto del PP busca hacer toda la especulación urbanística que quieran"

La diputada de Compromís Àgueda Micó ha indicado que también tienen el apoyo de Esquerra Republicana para recurrir este decreto ley que busca "desmantelar toda la protección de la huerta de Valencia"y poder urbanizar 3.800 hectáreas de huerta y hacer "toda la especulación urbanística que quieran". "Es incomprensible, es intolerable, pero es que además es anticonstitucional", ha aseverado Micó, quien ha avisado de que no va a permitir que PP y Vox utilicen los recursos legislativos que tienen para "cargarse" la huerta, un valor ecológico, territorial y cultural.

Pérez (Podemos): "El decreto es un atentado antidemocrático que elimina el Consell de l'Horta"

Podemos se ha adherido al recurso porque, según la coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, esta reforma es "un atentado antidemocrático que elimina el Consell de l'Horta para acallar la voz de sindicatos agrícolas y asociaciones de defensa del territorio" y "recalifica el suelo agrícola convirtiéndolo en suelo urbanizable". Ha indicado que esta política forma parte "del modelo capitalista depredador defendido por el gobierno del PP junto a sus aliados de Vox" y ha destacado que no se puede permitir que se construya ni un metro cuadrado más en zonas inundables, pues la dana "ha demostrado que solo hay espacio para una alternativa ecologista que ponga por delante la vida de las personas". 

Además, Maria José Salvador (PSPV), exconsellera de Política Territorial y vertebración del Territorio que impulsó la ley y el PAT de l'Horta, asegura a Levante-EMV que "el 29 octubre tras declarar la alerta roja, mientras los pueblos se inundaban y la gente se ahogaba, en las Corts el PP y Vox pactaban permitir construir hoteles a 200 metros de la costa. Es el ejemplo más nítido de la contrarreforma que en materia de urbanismo estaba llevando a cabo el PP y Vox desde su llegada al Consell".

Volver al todo urbanizable

Salvador también denuncia que "más grave es si cabe, el decreto con el que PP y Vox modifican la ley de l’Horta. Utilizan como pretexto la dana, hasta el punto que la Abogacía de la Generalitat plantea reparos porque no está justificada la urgencia ni la extraordinaria necesidad por la dana ya que las medidas nada tienen que ver con la catástrofe natural, señalan, como contó Levante-EMV.

La responsable de territorio del PSPV y síndica adjunta de los socialistas en las Corts también reivindica que "después de la Dana cabe más ordenación del territorio y más protección de las personas. Pero el PP y Vox caminan a contracorriente ya que su bandera es el negacionismo climático". Y, además, se basan en dos falsedades para modificar la ley de l'Horta. De una parte, recuerda que el PP asegura que "tenían que modificar la ley de l'Horta porque impedía el encauzamiento barrancos. Una afirmación tan falsa como que no han modificado en todo el decreto ningún artículo relacionado con infraestructuras hidráulicas".

Salvador critica que el PP justifique el cambio legal por "la ⁠necesidad de vivienda para los que la han perdido por la dana". Aunque las cuatro formaciones se preguntan: "¿La solución es desproteger 3.800 hectáreas de suelo de l’horta, por cierto suelo inundable para construir viviendas a los que la han perdido por las inundaciones?". De hecho, advierte, "hay suelos de alto riesgo geomorfológico según el Patricova (Plan de acción territorial de riesgo de inundación de la Comunitat Valenciana) y el Plan de Riesgos de la CHJ (Confederación Hidográfica del Júcar)- justo donde antiguamente iba un PAI (programa de actuación integrada) con golf y 6.000 viviendas".

Por ello, concluye Salvador, "Carlos Mazón, el PP y Vox son irresponsables y negligentes desprotegiendo a la problacion. No pueden estar ni un minuto más al frente de la Generalitat Valenciana.  Mazón tiene q dimitir y dar la voz a los valencianos".

La reforma de la ley de la huerta, aprobada en febrero por el pleno del Consell, abre la puerta a instalar zonas deportivas como campos de golf en las áreas de huerta 3, degradada pero con cierto nivel de protección, según el nuevo texto legal que impulsaron las conselleries de Territorio, Agricultura y Hacienda.

Un cambio legal que, según ha denunciado el colectivo Per l'Horta, «comporta la desprotección de la tercera parte de la huerta protegida durante el gobierno del Botànic» para «facilitar la urbanización de un total de 3.800 hectáreas de las más de 11.000 de huerta protegida repartidas en 15 pueblos». El cambio legal supuso la eliminación del Consell de l'Horta, órgano gestor encargado de hacer cumplir la ley y elimina las políticas de desarrollo agrario de la ley de 2018.