La Fetap-CGT detecta 357 fallos críticos en la gestión de la dana en un informe aportado a la causa
El sindicato, que ejerce la acusación popular destaca que "la respuesta institucional no solo fue tardía y descoordinada, sino que incumplió de forma sistemática las obligaciones establecidas en el propio Plan de Emergencias"

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta en una imagen captada la noche de la barrancada en el desbordado en el Parque Villa Amparo. / Miguel Angel Montesinos
B. L.
La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja un nuevo informe técnico en el que identifica 357 fallos e incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de los responsables autonómicos durante los días previos y especialmente el 29 de octubre de 2024, el día D de la dana que dejó 228 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana.
La Fetap-CGT confirma que el informe ya se ha incorporado a la causa de la dana que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja y que "se basa en el análisis detallado de documentación oficial, cronologías operativas, registros meteorológicos y avisos institucionales". El sindicato destaca que "las conclusiones son contundentes: la respuesta institucional no solo fue tardía y descoordinada, sino que incumplió de forma sistemática las obligaciones establecidas en el propio Plan de Emergencias".
Entre los hechos más graves señalados por Fetap-CGT el sindicato destaca los "retrasos injustificados en la activación del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, y en la incorporación del director del Plan al Centro de Coordinación de Emergencias; alertas meteorológicas imprecisas y minimizadoras, sin instrucciones operativas claras para los municipios; la ausencia de movilización de recursos esenciales, como bomberos forestales o maquinaria pesada, a pesar de que existían medios disponibles; ausencia de requerimientos formales a los ayuntamientos para activar sus planes de emergencia, incluso una vez declarada la situación 2; inexistencia de seguimiento efectivo de cauces, puntos críticos, carreteras y avisos hidrológicos, a pesar de las previsiones de alerta roja".
Desde el sindicato Fetap-CGT consideran que estos hechos constituyen "una grave quiebra de los deberes públicos de anticipación, coordinación y protección civil, y que la inacción institucional agravó las consecuencias humanas, materiales y ambientales de una catástrofe que pudo haber sido gestionada con mayor eficacia".
Y añaden que "como organización representativa de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público, Fetap-CGT reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos, el cumplimiento de la legalidad y la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de esta catástrofe".
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