El Consell rechaza la partida de Vox para expulsar a menores migrantes

Los presupuestos para 2025 no tendrán una partida al «fomento del regreso de ex menores tutelados a su continente de origen». Los 5,5 millones que solicitaba Vox han quedado diluidos en un nuevo destino: «Integrar a los jóvenes mediante nuevas oportunidades sociolaborales en países de origen, mediante la generación de entornos adecuados que faciliten nuevas oportunidades», una fórmula por la que, según fuentes del Consell, la Generalitat no tendrá que designar fondos para expulsar a personas migrantes, algo fuera de las competencias autonómicas.  

La primera de las tres jornadas en las Corts de debate y votación de enmiendas a las cuentas autonómicas (sobre las conselleries de Presidencia, Vicepresidencia primera, Vicepresidencia segunda y Hacienda) terminó con pacto en todo entre PP y Vox, modificaciones y choque de interpretaciones mediante. De nuevo, ambas formaciones se aprobaron mutuamente todo lo que se plantearon, aunque para ello necesitaron adecuar algunas de las peticiones, con rebaja de algunas de las exigencias de Vox en migración, igualdad y diversidad sexual.  

Especialmente llamativo es lo relacionado con las partidas sobre atención a personas migrantes, uno de los caballos de batalla de los voxistas. El partido de Santiago Abascal ha hecho de este colectivo, y especialmente los menores no acompañados uno de sus focos para el pacto con el PP en estas cuentas. Sobre estos, hay pacto en lo discursivo, como se vio en la ley de Acompañamiento o en el recurso oficializado este martes al Tribunal Constitucional del decreto del Gobierno central para el reparto de los menores que actualmente están en Canarias, pero otra cosa es el dinero.

PSPV y Compromís acusan a Mazón de aceptar medidas «racistas» a cambio de seguir en el Palau

Es en este apartado económico donde el Consell ha puesto pie en pared y ha frenado algunas de las demandas voxistas. La más clara es la de 5,5 millones para el «fomento del regreso de ex menores tutelados a su continente de origen» que pedía Vox. En su lugar, populares y voxistas aprobaron una nueva redacción que no habla de ningún tipo de regreso, sino que queda solo en menciones a mejorar las condiciones «en países de origen». 

Pese a ello, Vox aseguró que la «esencia» se mantenía y que esa «integración en países de origen» afectaba a los menores migrantes llegados a la Comunitat Valenciana, algo que negaron fuentes de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales,  que aseguraron que no habrá fondos para expulsar migrantes. Con la nueva redacción, no tendrán la obligación de destinar dinero a una de las demandas dentro del ideario ultra de Vox.

Este cambio también se repite en un convenio con Naciones Unidas para actuaciones en Mauritania y Senegal. No fue la única petición de la ultraderecha que cayó. También desapareció en las enmiendas transaccionadas la partida de 100.000 euros para hacer pruebas a menores migrantes, el recorte de 1,6 millones para servicios LGTBIQ+ o el descenso de 0,3 millones en ayudas para el fomento de la igualdad. 

«Rendición» o «estabilidad»

No obstante, Vox sí que ve plasmadas en cifras algunas de sus batallas verbales. Por ejemplo, el Consell destinará hasta 6,9 millones para financiar «campos de desplazados», ejecuta un recorte de más de 20 millones en cooperación y ayuda humanitaria (un 30 % del total), elimina las menciones a «violencia de género» o «cambio climático» de los programas e impulsa una ayuda para «víctimas de la okupación» por 250.000 euros a costa de reducir un plan para rehabilitación de edificios. 

Estas medidas son «capitulaciones» para la izquierda, un ejemplo de la «rendición», según el PSPV, ante Vox para lograr la «supervivencia de Carlos Mazón», mientras que Compromís cargó contra la tinta «racista y discriminatoria» de las enmiendas acordadas. Por su parte, PP y Vox celebraron la estabilidad que supone pactar unas cuentas contraponiéndose con la falta de presupuestos del Gobierno central. 

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