Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso 2025-26

Educación ultima una orden de plantillas para sustituir al acuerdo firmado por el Botànic

La Orden se aplicará a partir del próximo curso en los centros docentes no universitarios de titularidad de la Generalitat, desde Infantil hasta Bachillerato

Las oposiciones al cuerpo de maestros celebradas el pasado junio en Alicante. | ALEX DOMÍNGUEZ

Las oposiciones al cuerpo de maestros celebradas el pasado junio en Alicante. | ALEX DOMÍNGUEZ

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

València

La Conselleria de Educación está ultimando la publicación de una nueva Orden que determinará las plantillas de docentes de la Comunitat Valenciana. La nueva Orden, cuya previsión es que se aplique el próximo curso escolar 2025-2026, "destaca por ser flexible y por reforzar la autonomía de los centros educativos", explica Conselleria en un comunicado.

La Secretaría Autonómica de Educación ha enviado una resolución firmada a las organizaciones sindicales que suscribieron el acuerdo firmado el día 27 de junio de 2023 y ratificado por el anterior Gobierno en funciones, informando de que se va a denunciar el anterior acuerdo de plantillas. 

Esta denuncia supone "un trámite formal necesario para poder publicar la Orden en la que trabaja la Conselleria", que previamente ha sido trasladada a los sindicatos educativos y que dejará sin efecto el anterior acuerdo que, con una vigencia de dos años, expira el próximo junio. 

La nueva normativa, que se encuentra en un estado muy avanzado, permitirá "responder eficazmente a las necesidades actuales de los centros educativos, permitiendo a los directores tener la capacidad de determinar el perfil docente de ciertos puestos acorde al proyecto educativo de su centro", explican. Los sindicatos, sin embargo, temen que Conselleria aplique un recorte respecto al profesorado que debería contratar si cumpliera con la anterior orden de plantillas.

La decisión llega en plena polémica por el rechazo de la actual Conselleria a acatar el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic en 2023. Los sindicatos denunciaron a Educación y ganaron: el TSJ dictó unas medidas cautelares en septiembre del año pasado que obligaban a José Antonio Rovira a contratar los 1.900 docentes de secundaria que faltaban.

A pesar de la sentencia en firme, el conseller no ha contratado ni un solo docente en 4 meses, alargando lo máximo posible los tiempos judiciales. Primero Conselleria alegó que no sabía cómo tenía que aplicar la sentencia, luego dijo que la aplicaría gradualmente a partir del 9 de enero, y después que lo haría a partir del 16. Pero no contrató ni un profesor en todo este tiempo.

Denuncia penal

El portavoz de Educación de Compromís en Las Corts, Gerard Fullana, presentó este jueves una denuncia a la Fiscalía por el incumplimiento de la Conselleria de Educación de la sentencia firme del TSJ sobre los acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el Botànic con los sindicatos.

Al respecto, Fullana manifestó: “Han pasado demasiados meses sin que los máximos responsables de la conselleria hayan movido ni un dedo para ejecutar la sentencia del TSJ, dotar de 1.898 docentes las aulas valencianas para este curso. Esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones y el conseller Rovira se está comportando como un prófugo de la justicia. Hoy continúa con su ilegalidad reincidente, por lo tanto, es hora de actuar”.

La denuncia de la coalición valencianista apela a indicios de que los máximos responsables de la conselleria están cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial. Es por eso que pide que se abran diligencias de investigación al respeto por parte del Ministerio Fiscal.

Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido “efectos irreparables en docenas de miles de alumnos”. En el caso del profesorado no contratado, la presunta prevaricación y desobediencia de los altos cargos de la conselleria ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración. “Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Conselleria de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración”, ha destacado el diputado valencianista.

Tracking Pixel Contents