PP y Vox dejan sin ayudas a las asociaciones de memoria democrática
Los 'populares' suavizan la petición de sus exsocios de circunscribir las subvenciones universitarias a la "violencia política entre 1931 y 1939"

Entrega de los restos de las fosas de los fusilados por el franquismo en el Cementerio de Paterna / J. M. López

Las asociaciones dedicadas a actividades de memoria democrática, desde el trabajo de investigación de posibles fosas comunes hasta su exhumación o divulgación, no recibirán ni un euro de la Generalitat en 2025. Estas entidades se han quedado fuera de los presupuestos después de que el PP haya aceptado y aprobado este miércoles las enmiendas de Vox a las cuentas de la Conselleria de Justicia, que tiene las competencias en "Concordia", mientras que sí recibirán fondos dentro de este área dos universidades privadas y el Arzobispado de Orihuela-Alicante.
La ley de Concordia, aprobada por populares y voxistas hace un año, ha llegado a las cifras económicas. Ya no es solo la falta de ejecución de las partidas previstas, algo que ha ocurrido en el presupuesto de 2024, donde no se gastó ni un euro para memoria democrática, sino que en los presupuestos para 2025 se elimina cualquier mención de las entidades memorialísticas como posibles beneficiarias de líneas de subvención, igual que también quita cualquier referencia a la palabra "franquismo" o "dictadura". La convergencia entre ambos partidos en la materia es clara.
Así, el PP ha apoyado la decena de enmiendas sobre la materia que había presentado Vox, negacionista en políticas de memoria, si bien, dos de ellas han requerido de un cambio de redacción para recibir el visto bueno de los 'populares'. No obstante, no cambia el fondo: sin mención a memoria democrática y dejar fuera de las convocatorias para 'Actuaciones de aperturas de fosas y exhumaciones' y la de 'Promoción y difusión de actuaciones de reparación de la violencia social y política' , de 200.000 y 100.000 euros, a las entidades de memoria democrática.

Los representantes de la Comisión de Hacienda debaten las enmiendas en Memoria democrática, este miércoles. / José Cuéllar/Corts
Con los cambios aprobados en la comisión, y que quedarán inscritos en las cuentas cuando se aprueben definitivamente la próxima semana en el pleno, solo podrán optar a estas líneas, en primer lugar, los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, mientras que la segunda subvención se repartirá entre tres universidades, dos de ellas privadas: la Universidad Católica de Valencia, el CEU-Cardenal Herrera y la Universidad Miguel Hernández de Elx. Se queda fuera la Universitat de València, para quien en un inicio estaba previsto que recibiera 25.000 euros.
Esta ha sido una de las enmiendas transaccionadas a última hora por PP y Vox que no solo le ha quitado la partida a la UV y repartido entre las tres universidades citadas, sino que además ha cambiado la denominación de la ayuda, con modificación sensible a nivel terminológico. Así, el PP ha logrado quitar la referencia que Vox había situado para que se analizara la "violencia social y política durante la época de 1931 a 1939", es decir, circunscribiéndola solo a la II República y la guerra y obviando a las víctimas durante la dictadura franquista.
Polémica con el Arzobispado
La otra enmienda pactada por PP y Vox a última hora tiene también un cambio terminológico que suaviza la postura de los voxistas. Son 30.000 euros que sustraen de la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y que van destinados al Arzobispado de Orihuela-Alicante para la "promoción de elementos conmemorativos al amparo de la ley de Concordia". Esta es la nueva redacción que sustituye la "restauración" de estos "elementos" y que suponía reparar las cruces impulsadas durante el franquismo y que la ley de Memoria democrática estatal prohíbe.
La propia destinación al Arzobispado de Orihuela-Alicante ha generado críticas por parte del PSPV que ha recordado que al frente de este está el obispo José Ignacio Munilla, quien ha calificado de "esperpento" la "resignificación" de Cuelgamuros, ha rechazado que los hombres casados por lo civil puedan estar al frente de cofradías y ha negado que hubiera diócesis que realizaran terapias de conversión, acusando al Gobierno de querer aplicar una "antropología de Estado".
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