PP y Vox recortan 100.000 euros a la patronal y la CEV muestra inquietud

La negociación entre PP y Vox para las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2025 conllevará un recorte 'extra' de 100.000 para la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la entidad que ejerce la representación de las empresas en el ámbito autonómico, alzando el descenso total de prestaciones monetarias para la patronal en las próximas cuentas hasta los 125.000 euros, un recorte ante el que ya ha avisado que se está en un momento "especialmente delicado". Este descenso será menor que el sufrido por los dos sindicatos mayoritarios, cuya reducción es de casi el doble, de 230.000 euros.

Ya avisó el síndic de Vox, José María Llanos, después de presentar las enmiendas que la cifra total de recorte para la CEV no estaba cerrada. En las registradas por los voxistas, esta reducción se cifraba en 25.000 euros que se quitaban de la línea de subvención para realizar planes de igualdad, aprobada el martes en el apartado de la Conselleria de Igualdad. Sin embargo, diez días después, esta cifra se ha multiplicado por cinco y según las enmiendas transaccionadas registradas este miércoles, horas antes de la votación, el recorte será de 125.000 euros más.

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Este descenso vendrá a partir de la mengua en dos líneas de subvención de hasta 50.000 euros dentro de las partidas de la Conselleria de Educación, con competencias en Empleo. En concreto, son una de nuevo por la elaboración de planes de igualdad y otra por la acción respecto a las "condiciones de trabajo" en las empresas. Estos 100.000 euros se incluyen dentro de la mengua de otros 200.000 euros para CCOO PV (a UGT PV se le recortan otros 200.000 euros en otra enmienda) y que van destinados a "ayudas a pymes y autónomos" afectados por la riada del 29 de octubre.

Vox en todo momento se ha mostrado en contra de dar subvenciones a sindicatos y patronal, pese a que la ley (y la propia Constitución) les garantiza un papel dentro del diálogo social y la representación de este. Más complicada ha sido la postura del PP al respecto. En su momento, la entonces líder del PP, Isabel Bonig, se mostró a favor de ejecutar un recorte a estas organizaciones, lo que le llevó a tener algún que otro encontronazo con estas entidades, que parecían haberse calmado con Carlos Mazón y su llegada al Palau de la Generalitat.

Tensión con la CEV

No obstante, la relación del jefe del Consell con la CEV no se encuentra en su mejor momento tras la dana. La tensión entre Mazón y el presidente de la patronal, Salvador Navarro, ha sido patente y hay movimientos, como la salida de la Cámara de Comercio de Alicante, cuyo máximo responsable es muy próximo al dirigente del PPCV, que no han hecho más que mostrar esa ruptura. De ahí que el PSPV acuse al PP de llevar a cabo este recorte como una "revancha personal" al no "avalar" la primera explicación de Mazón de estar comiendo con Navarro el 29-O.

No obstante, los 'populares' han negado esta vinculación. "Cree el ladrón que todos son de su condición", ha señalado la portavoz adjunta, Laura Chuliá, que ha asegurado que este recorte a estas prestaciones se debe a que ahora el dinero va destinado "donde más se necesita", es decir, a las zonas afectadas por la dana. Asimismo, explican que las enmiendas permitirán a la CEV y a sus empresas asociadas acceder a estas subvenciones por "concurrencia competitiva".

Inquietud en la organización

Tras conocer el recorte presupuestario, la CEV ha señalado en un comunicado que asegura "entender" que la Comunitat Valenciana está "en una situación extraordinaria" y que comparte "la necesidad de destinar recursos a las zonas afectadas por la dana"; no obstante, ha incidido en que los recortes que afectan a la representación institucional de empresarios y sindicatos "se producen en un momento especialmente delicado" (la propia dana o la situación arancelaria impuesta por Donald Trump), y ha lamentado que más allá del "ajuste presupuestario, inquieta la ausencia de un respaldo claro al modelo de diálogo social que tan buenos resultados ha dado en los últimos años".

"No se trata solo de una cuestión económica: se trata de valorar, o no, un modelo de colaboración entre administración, empresas y sindicatos que ha sido reconocido por su capacidad para generar consensos y responder con eficacia a las crisis. Nuestra participación institucional no es discrecional ni subvencionada, sino reconocida por ley. La dotación presupuestaria destinada a esa participación no es un privilegio, sino una compensación justa", ha explicado la organización empresarial quien termina su comunicado señalando que espera que las decisiones presupuestarias " se adopten con visión de futuro, sentido institucional y un respeto real al papel que la Constitución otorga a los agentes sociales".

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